Hay una palabra que se ha vuelto recurrente en la política mexicana: derechos.

En los últimos días, tras la apertura de las convocatorias de Morena para definir a quienes competirán por las 17 gubernaturas en disputa, más de 80 funcionarios públicos han solicitado licencia, abandonado temporalmente sus cargos o renunciado para buscar una nueva posición política, en Michoacán, son seis los aspirantes que han dejado sus responsabilidades actuales para participar en el proceso interno.

Y sí, tienen derecho.

La Constitución protege el derecho a votar y ser votado, cualquier ciudadano puede aspirar a un cargo público y cualquier servidor público puede buscar una nueva posición dentro de la ley, nadie debería cuestionar ese derecho.

El problema aparece cuando olvidamos que los derechos no existen en el vacío.

Porque mientras algunos ejercen su derecho a buscar otro cargo, millones de ciudadanos también tenemos derechos. Tenemos derecho a gobiernos estables, a instituciones que funcionen con continuidad, a representantes que honren los compromisos adquiridos y a funcionarios que concluyan la tarea para la que fueron electos o designados.

En México hemos comenzado a interpretar los derechos de manera aislada, como si existieran sin consecuencias para los demás.

Sucede cuando alguien invoca el derecho a manifestarse, pero ignora el derecho al libre tránsito de miles de personas, o cuando una protesta termina afectando la propiedad privada y se pretende justificar cualquier exceso en nombre de una causa.

Los derechos son fundamentales, pero también tienen límites cuando comienzan a invadir los derechos de otros.

La política parece haber olvidado ese principio, un legislador que pidió el voto diciendo que sería la voz de sus electores durante tres o seis años, decide dos años después abandonar el cargo para perseguir una nueva aspiración, legalmente puede hacerlo, éticamente es otra discusión.

Porque cuando recorrió calles, tocó puertas y pidió confianza, jamás dijo: “Representaré sus intereses durante dos años y después me iré a buscar otra candidatura”, dijo que sería su representante, dijo que sería su voz.

La diferencia entre lo legal y lo correcto suele llamarse ética, pero la ética no está escrita en la Constitución.

No existe un artículo que obligue a una persona a cumplir su palabra, no hay una ley que castigue la ambición política anticipada, ni hay una sanción para quien utiliza un cargo como trampolín hacia el siguiente.

Por eso la ética termina siendo uno de los activos más valiosos de cualquier servidor público.

En la iniciativa privada esto sería impensable, si el director general de una empresa decide competir por un puesto equivalente en otra compañía, normalmente presenta su renuncia, se va, se arriesga, apuesta por su capacidad.

Lo que no sucede es que se ausente durante tres meses, participe en el proceso de selección y, si fracasa, regrese como si nada hubiera pasado a ocupar el mismo escritorio, pero esta vez como perdedor.

En la política sí.

Las licencias se han convertido en una red de protección, si ganan, avanzan, si pierden, regresan, el riesgo es mínimo, el costo lo absorben las instituciones y, sobre todo, los ciudadanos que se quedan temporalmente sin la atención y el liderazgo que les prometieron.

Quizá ha llegado el momento de que los ciudadanos dejemos de evaluar únicamente capacidades, discursos o simpatías.

Quizá también debamos evaluar la ética.

Porque la ética es la prueba más difícil de todas, es aquello que una persona hace cuando sus intereses personales chocan contra su compromiso público.

Y es precisamente en ese momento cuando descubrimos quién entiende el poder como un servicio y quién lo entiende simplemente como una escalera.

Los derechos importan, pero una democracia sana no se sostiene únicamente sobre derechos.

También necesita responsabilidad, congruencia y palabra cumplida.

Porque cuando los derechos de los políticos terminan valiendo más que los derechos de los ciudadanos, el problema ya no es jurídico, es moral.

POSDATA:

“… La movilización de la CNTE terminó igual que comenzó: sin lograr la principal exigencia que motivó el conflicto. Miles de alumnos perdieron clases, la economía de la capital sufrió afectaciones y el gobierno ganó tiempo. Los únicos que no obtuvieron nada fueron los estudiantes,

….. seguro los veremos pronto…” 

Es tiempo de los ciudadanos …. ¡¡¡¡ Derechos!!!!