La denuncia presentada contra elementos de la Policía Morelia por la detención de una adolescente de 15 años durante un operativo contra el comercio informal en el Centro Histórico abrió una investigación que podría alcanzar a los propios adultos responsables de la menor, informó Israel Vega Rodríguez, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los familiares de la adolescente acudieron este martes, acompañados por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), para presentar formalmente la denuncia por los hechos ocurridos durante el operativo municipal.

Vega Rodríguez explicó que, a partir de la denuncia, la Fiscalía citará a las diferentes partes involucradas, realizará entrevistas y, en caso de ser necesario, practicará los peritajes correspondientes para determinar si existió alguna responsabilidad por parte de los policías.

También serán solicitados los protocolos internos de la Policía Morelia para revisar si la actuación de los elementos estuvo apegada a derecho.

Sin embargo, la investigación no estará limitada a la actuación policial.

El encargado del despacho de la FGE confirmó que una de las líneas que deberán agotarse es la posible explotación laboral infantil de la adolescente e incluso determinar si los hechos pudieran encuadrar en el delito de trata de personas con fines de explotación.

Tenemos que agotar esa situación. En todo caso, si se trata de un caso de trata de personas en donde se ajusta a la explotación infantil, en este caso la explotación laboral infantil.

El planteamiento surgió al ser cuestionado sobre la participación de menores de edad en las actividades de grupos dedicados al comercio informal y sobre la responsabilidad que pudieran tener los adultos que se encontraban a cargo de la adolescente.

Vega Rodríguez agregó que durante las diligencias se detectó que la joven habla náhuatl, específicamente una variante correspondiente al estado de Puebla y distinta a la utilizada en la región Sierra-Costa de Michoacán.

Por ello, la Fiscalía inició los trámites para contar con un intérprete o traductor que permita tomar su declaración y desarrollar las diligencias correspondientes respetando sus derechos.

La investigación deberá determinar, por una parte, si los policías municipales incurrieron en alguna conducta irregular durante la detención y puesta a disposición de la adolescente y, por otra, las circunstancias en las que la menor se encontraba participando en actividades de comercio informal y quiénes eran los adultos responsables de ella.

Será a partir de estas diligencias que la FGE establezca si existen elementos para fincar responsabilidades, ya sea por la actuación de servidores públicos o por una posible explotación laboral de la adolescente.