Esta semana el pleno de la Cámara de las Diputaciones conocerá y, probablemente, aprobará la elección de las tres nuevas consejerías del Instituto Nacional Electoral que están vacantes desde el pasado 3 de abril. Dando continuidad a las reflexiones que compartí en aportaciones anteriores, es pertinente actualizarnos sobre un tema de la mayor relevancia para el funcionamiento del sistema nacional de elecciones que en México permite la organización de los procesos electorales federales y locales de los tres poderes públicos.
¿Qué ha pasado en los días precedentes? Los avances reportados por el respectivo Comité Técnico indican que han concluido todas las etapas a su cargo y que solo falta que la Junta de Coordinación Política de la Cámara construya la mayoría calificada que se requiere para elegir a una persona de las tres quintetas que estarán a votación del pleno. No obstante, como ocurre en todos los procedimientos de esta naturaleza, hay decisiones que han generado una polémica intensa a nivel nacional. Recapitulemos: luego de emitirse la convocatoria y de instalarse el Comité, hubo la inscripción final de 410 aspirantes, habiéndose agregado perfiles por problemas derivados en el sistema de registro o por decisiones del Tribunal; se realizó la valoración del cumplimiento de requisitos y avanzaron 369 aspirantes; se aplicó el examen y se seleccionaron los mejores puntajes de 87 mujeres y 84 hombres; se revisó la “idoneidad” de los y las aspirantes y se determinó que solo 50 hombres y 50 mujeres deberían acceder a la etapa de entrevistas; para luego emitir un listado final de 50 aspirantes para integrar las quintetas que hoy serán entregadas a la Cámara.
La publicación de resultados provocó reacciones diversas y especulaciones que requieren aclaraciones precisas del Comité, por ejemplo, sobre quiénes formularon el examen y cómo se resguardó; cómo se explican puntajes muy altos de perfiles que no tienen experiencia ni trayectoria en la materia, incluso por encima de personas con trayectorias amplias y acreditadas; en el mismo sentido, es necesario informar a la sociedad cuáles fueron los criterios para definir por qué algunos perfiles fueron calificados como idóneos y por qué otros no, así como las valoraciones realizadas durante las entrevistas, para emitir el listado final de personas que fueron consideradas para integrar las quintetas.
La transparencia y máxima publicidad es un principio que debe caracterizar estos procedimientos, a fin de no permitir que la opacidad genere especulaciones indebidas sobre las decisiones que se toman y sobre sus resultados finales. Esto es así, porque las consejerías en el caso de los organismos administrativos o las magistraturas, en los tribunales, son piezas clave para garantizar legitimidad en la integración de las instituciones electorales. No se trata de que absolutamente todas y todos en el país estemos de acuerdo con los perfiles que sean seleccionados, pero sí con la aplicación de los procedimientos establecidos para ello y con resultados que sean lógicos.
Atentos al contexto político del país, podríamos coincidir en que el requisito de la experiencia y conocimientos en la materia de las personas que sean elegidas es indispensable para atender procesos electorales que entrañan una enorme complejidad técnica que en 2027 definirán el rostro de la democracia mexicana, la distribución del poder y la viabilidad actual del sistema de partidos políticos, que podría registrar opciones nuevas a partir de julio de este año. El INE requiere consejerías, como ocurre con los OPL y tribunales locales, que garanticen autonomía frente al poder y una organización eficaz de elecciones íntegras y creíbles.
Por definición, las autoridades electorales deben garantizar imparcialidad en su integración y comportamiento. A nadie, ni siquiera a los gobiernos en turno, convienen autoridades que carezcan de legitimidad y credibilidad, que no estén plenamente separados de los partidos y de los propios gobernantes, su labor primordial consiste en generar confianza y en tomar decisiones apegadas a la constitución y a las leyes, en organizar elecciones conforme con la normativa prevista, en sacar las tarjetas amarillas y rojas cuando el comportamiento de los actores políticos así lo amerite y en garantizar a la sociedad mexicana que los votos se cuenten bien, sin trampas ni prácticas que lastimen la voluntad de la ciudadanía. Veremos quiénes resultan designados y qué curso toma el debate en la selección de tres consejerías que son clave para el funcionamiento del INE.
Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
