Para frenar a prestamistas y abogados coludidos con quienes roban a las personas que menos recursos tienen, el diputado local del PRI, Memo Valencia, propuso considerar esta práctica como delito y castigar desde el Código Penal del Estado, con penas que van desde los 2 y hasta los 6 años de prisión.

Dicha iniciativa dijo, busca ejercer acción penal en contra del titular de la acción mercantil, su apoderado legal o al abogado que, tratándose de créditos solidarios o garantizados por un aval, promueva o ejecute judicialmente el cobro total.

Con esta propuesta se pretende erradicar esta nociva práctica jurídica y frenar la coacción psicológica y patrimonial a las que son sometidas las personas acreditadas que sí cumplieron su cuota individual, pero que bajo la figura del crédito solidario sufren demandas o ejecuciones embargables que reclaman sumas muy superiores al saldo insoluto real de la deuda total.

El líder priista insistió en que estos abogados que hacen mal uso de su profesión, claramente dañan no solo a las personas que están sujetas a los adeudos, también arrastran a familias enteras y los dejan vulnerables, sobre todo aquellos que tienen poca o nula instrucción escolar, como ha documentado ya en diversas ocasiones la asociación civil, Revolución Social.

En la práctica mercantil la asociación civil, Revolución Social ha detectado un fenómeno persistente de mala fe procesal y abuso del derecho en el que empresas dedicadas a otorgar créditos, abogados y despachos jurídicos de abogados utilizan el aparato jurisdiccional, no para reclamar pretensiones legítimas, sino como instrumento de asfixia económica, despojo y usura en contra de personas vulnerables.

Por ello, pidió a sus pares de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, se pueda revisar y dictaminar lo más pronto posible esta propuesta para “evitar que más víctimas sigan perdiendo su patrimonio”.