La Secretaría de la Contraloría de Michoacán mantiene investigaciones abiertas por alrededor de 13 mil millones de pesos en recursos públicos que no han sido aclarados, los cuales corresponden principalmente a la administración encabezada por Silvano Aureoles Conejo, quien gobernó el estado de 2015 a 2021.
Así lo informó el titular de la dependencia, Francisco Ramírez Flores, al detallar que el monto global se encuentra bajo procedimientos administrativos en curso, al tratarse de recursos que presentan inconsistencias y que no fueron debidamente comprobados ni justificados durante ese periodo.
El contralor precisó que la mayor parte de los 13 mil millones de pesos bajo investigación proviene de ejercicios fiscales correspondientes al sexenio anterior, aunque reconoció que, conforme avanza el actual gobierno, también han surgido investigaciones de la administración en funciones, aunque en una proporción menor.
De acuerdo con la información oficial, actualmente existen alrededor de 2 mil 500 investigaciones administrativas activas, de las cuales solo entre 300 y 400 corresponden a la administración actual, mientras que el resto se concentra en el periodo comprendido entre 2015 y 2021, cuando Michoacán fue gobernado por Silvano Aureoles.
Ramírez Flores subrayó que el monto investigado no implica automáticamente que todo sea desvío de recursos, pero sí representa dinero público que permanece sin aclaración, por lo que legalmente se considera bajo revisión hasta que concluyan los procedimientos y se determine si existieron faltas administrativas o delitos.
Del total de recursos observados, alrededor de 3 mil millones de pesos corresponden a los casos de mayor impacto, varios de los cuales ya se encuentran vinculados a procesos judiciales en curso, donde la Contraloría participa como víctima en representación del Estado y en coordinación con autoridades federales.
El secretario recordó que la ley permite investigar faltas administrativas graves hasta por siete años, lo que mantiene vigentes las indagatorias relacionadas con la administración de Aureoles Conejo, y abre la posibilidad de sanciones, inhabilitaciones y recuperación del daño patrimonial, en caso de acreditarse responsabilidades.
Finalmente, sostuvo que el objetivo central de estas investigaciones es esclarecer el destino de los recursos públicos y recuperar el dinero que pertenezca al estado, reiterando que no habrá cierre de expedientes mientras existan montos pendientes de aclarar.
