Con el firme objetivo de convertir la lectura en un derecho humano accesible para todas y todos, el Pleno del Senado aprobó por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto de la iniciativa hecha por el senador de Morena, Raúl Morón Orozco, que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

Este dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura y Estudios Legislativos Primera, que deriva de la propuesta del senador, representa un avance cualitativo en la construcción de una sociedad más democrática y crítica, al considerar que el libro no debe ser un artículo de lujo, sino un instrumento social y cultural al que se debe acceder desde temprana edad para fortalecer la capacidad de análisis y despertar el interés participativo en las comunidades.

Como bien lo ha afirmado nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, en la Cuarta Transformación trabajamos con una visión humanista para hacer de México una ‘República Lectora’. Esta reforma es el vehículo para fomentar el libre pensamiento y desmontar las estructuras de exclusión cultural que prevalecieron por décadas.

Un pilar central de esta propuesta es la inclusión y la bibliodiversidad, mediante la cual el Estado asume la responsabilidad de garantizar la creación, edición y difusión de materiales en lenguas indígenas nacionales. Asimismo, se asegura la producción de libros en formatos accesibles para personas con discapacidad, tales como el sistema Braille, audiolibros y macrotipo.

En cuanto al fortalecimiento del sistema escolar, la reforma establece una obligación directa para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) promueva de manera sistemática, ordenada e incluyente el uso de las bibliotecas públicas en todos los centros educativos del país.

Para garantizar la eficacia de estas medidas, se propone la actualización permanente del Programa de Fomento para el Libro y la Lectura, mediante una revisión anual que asegure que las políticas públicas en la materia no queden obsoletas y respondan con agilidad a las necesidades cambiantes de la sociedad y del sector editorial.

Finalmente, la reforma tiene un profundo sentido de justicia social y cultural, al priorizar el acceso a materiales de lectura en zonas rurales, comunidades indígenas y polígonos urbano-marginados.

El legislador michoacano subrayó que esta política editorial democrática no solo beneficia a los lectores, sino que fortalece la identidad nacional y permite al Senado reafirmar su compromiso con la educación como pilar de la transformación.