En Michoacán el desplazamiento forzado no es delito, por eso, el diputado priista, Memo Valencia, propone castigarlo ante las lagunas legales y la total incoherencia de que el problema existe, pero no se sanciona.

La iniciativa nace porque actualmente hay miles de personas que han sido obligadas a dejar sus comunidades en diferentes municipios, y en plena capital michoacana, pero las causas no están identificadas como delito, aseguró.

Este fenómeno representa una de las expresiones más graves de violencia que hay en nuestro país. Provoca la pérdida efectiva del control territorial por parte del Estado.

Recordó que, actualmente, comunidades de municipios de Morelia, Madero, Tzitzio, Charo, Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec, Aquila o Chinicuila, se han visto gravemente afectados por este fenómeno migratorio de origen criminal.

Actualmente dichas conductas suelen fragmentarse en diversos tipos penales, como amenazas, despojo, extorsión, daños o delincuencia organizada, lo que invisibiliza la verdadera dimensión del fenómeno y dificulta una respuesta jurídica adecuada.

La iniciativa propone adicionar al Libro Segundo el Título Vigésimo Sexto, denominado Delitos Contra la Seguridad de las Comunidades y el Arraigo Territorial, con los capítulos I y II, los artículos 317 y 318, respectivamente, al Código Penal para el Estado de Michoacán, para identificar como ilícito la violencia de dominación territorial que ejercen los criminales.

Aquí empezaron las minas terrestres explosivas, las bombas lanzadas desde drones en una guerra aérea entre grupos del crimen organizado, también los coches bomba explotando en los centros de los pueblos. Que sea aquí donde empecemos los diputados a visibilizar la problemática y no voltear a otro lado, a asumir la responsabilidad que tenemos encomendada del pueblo y legislar lo necesario para ponerle un alto a la delincuencia.