El Ayuntamiento de Salvador Escalante, encabezado por la alcaldesa Dayana Pérez Mendoza, fue acusado por parte del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) por impedir el ejercicio de presupuesto directo y autogobierno de Opopeo, tras haber perdido diez juicios ciudadanos.

Pavel Ulianóv Guzmán Macario, vocero del CSIM, aseveró que la administración municipal está obligada a distribuir los recursos correspondientes al presupuesto directo, y que además, debe abstenerse de emitir juicios o evaluaciones subjetivas sobre dicha distribución.

Además de la retención de fondos, denunció tener conocimiento de que el erario público municipal está siendo utilizado para financiar presuntos “grupos de choque”.

Por lo cual, advirtieron que, de persistir la omisión por parte del gobierno municipal ante estas irregularidades, se verán forzados a radicalizar sus movilizaciones en la región.