El Congreso del Estado votó a favor de reformas a los artículos 5 y 6 de la Ley Contra las Adicciones en el Estado de Michoacán de Ocampo, a fin de implementar acciones que permitan atender y fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente a las adicciones.

En Sesión Extraordinaria las y los legisladores aprobaron el Dictamen puesto a su consideración por la Comisión de Salud y Asistencia Social sobre la Iniciativa presentada por la Diputada Ana Vanessa Caratachea Sánchez, mediante la cual se adiciona un párrafo tercero, recorriéndose los subsecuentes, al artículo 5 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 6 de la citada ley.

Con la adecuación jurídica, el Pleno Legislativo determinó que en toda acción contra las adicciones que afecte a niñas, niños o adolescentes, las autoridades estatales y municipales, así como los particulares, deberán siempre garantizar la protección de sus derechos humanos y el debido proceso.

El reformado marco normativo estipula que cuando las niñas, niños o adolescentes padezcan una adicción, las autoridades estarán obligadas a brindarles apoyo gratuito para salvaguardar su integridad física y emocional, previa solicitud de la persona interesada y de su padre, madre o representante legal, lo cual incluye la atención primaria e integral.

“El Estado garantizará acciones orientadas a favorecer la permanencia, continuidad y conclusión escolar de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en tratamiento o en proceso de rehabilitación, mediante acompañamiento psicológico, orientación familiar y vinculación con los programas institucionales existentes en materia educativa, alimentaria, de transporte y asistencia social”, mandata la ley.
Con la reforma al Artículo 6 se instruye que se deben establecer estrategias específicas para el tratamiento de niñas, niños y adolescentes con problemas de adicción y en conflicto con la ley.

Ante ello, las autoridades competentes en materia de salud y educación implementarán programas preventivos en entornos escolares que incluyan: mecanismos de detección temprana en escuelas públicas y privadas; campañas permanentes de prevención del consumo; protocolos de actuación inmediata en casos de consumo detectado en escuelas; y, acompañamiento psicosocial a niñas, niños y adolescentes en riesgo de adicción y a sus familias.

“La adicción en niñas, niños y adolescentes constituye una de las problemáticas más graves de salud pública y de derechos humanos. No solo afecta el desarrollo físico, emocional y cognitivo de quienes la padecen, sino que además compromete sus oportunidades educativas, familiares y sociales, impactando en su futuro y en la vida comunitaria”, expuso a diputada Ana Vanessa Caratachea en su iniciativa.