El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que las acciones contra la retención de vehículos por parte de normalistas dependen de la presentación de denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado, al tratarse de delitos patrimoniales que requieren la querella de los afectados para su persecución.

Lo anterior, luego de ser cuestionado sobre la falta de acción ante los hechos registrados en la Normal de Tiripetío, donde estudiantes han retenido unidades de carga y, de acuerdo con denuncias difundidas en redes sociales, exigen pagos de hasta 30 mil pesos para su liberación.

El mandatario estatal señaló que existe un operativo permanente en la zona, particularmente sobre la autopista a la altura de Tiripetío, el cual se mantiene en coordinación con la Fiscalía para prevenir este tipo de conductas y actuar cuando se cuente con las denuncias correspondientes.

Para poder actuar en este tipo de delitos se requiere la denuncia del afectado, en el sentido de que son delitos patrimoniales que afectan mercancías, unidades, vehículos, y se requiere la denuncia; en cuanto tenemos la denuncia, la Fiscalía actúa.

Indicó que, además del despliegue operativo, se realiza trabajo de inteligencia de manera diaria para atender la situación en la región.

Ramírez Bedolla enfatizó que las publicaciones en redes sociales no sustituyen las denuncias formales, ya que no permiten acreditar la propiedad de los bienes ni iniciar procedimientos legales. “La denuncia no se presenta en Facebook; cualquiera puede subir a Facebook, Instagram, X o TikTok una denuncia y ni siquiera sabemos si es el propietario”, señaló.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, entre diciembre de 2025 y el 23 de marzo de 2026 se han presentado 26 denuncias por robo de vehículos atribuidos a normalistas, principalmente de unidades de carga. De ese total, ocho se registraron en diciembre, una en febrero y 17 en marzo.

En el mismo periodo, el monto de lo denunciado asciende a un millón 173 mil 220 pesos.

El gobernador reiteró que existen mecanismos como la denuncia digital o la presentación directa ante el Ministerio Público para que los afectados puedan iniciar los procesos correspondientes, y sostuvo que, una vez formalizadas, las autoridades están en condiciones de proceder legalmente.