Suele decirse que reconocer la existencia de un problema es ya un avance en la solución. Hay razón en ello porque existen problemas que no son reconocidos. En el ámbito de la vida privada el reconocimiento significa camino andado. En la vida pública debiera ser la norma regular, porque sería un gobierno inútil el que no reconoce las realidades que ven los ciudadanos y por las cuales se duelen.
Existe un reconocimiento público, gubernamental, de que el acceso al agua se ha venido estrechando en los últimos años, y que en el horizonte futuro el acceso a ella representará, como ya lo está representando, un conflicto social severo que puede poner en crisis la estabilidad social. Es un problema que tiene una arista bien reconocida: su privatización impune.
Los datos de académicos y de las propias instituciones vinculadas con el agua y las cuestiones ambientales se tornan más preocupantes con el avance de los años y por los resultados que arrojan sus estudios: más población, agotamiento de mantos freáticos, incremento de actividades productivas muy demandantes de agua y menos bosques.
Preocupa que los estudios poco hayan servido para la toma de decisiones y que los nuevos resultados generen solo un acumulado de diagnósticos. Preocupa que solo se atiendan cuando los límites de la tolerancia ciudadana han llegado a tal punto que el siguiente escenario es el conflicto y la ingobernabilidad.
Pareciera que el criterio de política pública para el caso fuera el dejar hacer y dejar pasar hasta que el desborde sea inminente y aplicar entonces paliativos, pero no soluciones que configuren de fondo soluciones a largo plazo.
La proyección presente y futura del acceso al agua en Michoacán, en la ciudad y en el campo, es un conflicto latente. Nadie pone en duda que los bosques son determinantes para la funcionalidad del ciclo hidrológico; es de educación básica saber que si hay bosques hay lluvias y hay infiltración y formación de cuerpos de agua, ríos arroyuelos, etc., el problema es que están desapareciendo.
Es de conocimiento público que en los últimos años Michoacán ha perdido un poco más del 50 % de su superficie boscosa y que con ello se ha modificado el clima y los ciclos de lluvia. Año con año las instituciones y los ciudadanos damos cuenta de la crónica de esa devastación y se indica la gravedad. Frente a ello se hace alusión a las leyes y a las instituciones que tienen el deber de intervenir. Sin embargo, la dinámica destructora continua imparable.
Lo bueno es que se reconoce la crisis. Lo que hace falta es que se tomen grandes decisiones que le den a la población la certeza de que las futuras generaciones tendrán instrumentos eficientes para la gestión del agua a partir de criterios de sustentabilidad respetando la naturaleza.
Criterios que no permitan que la economía se convierta en instrumento para la muerte de los ecosistemas, para loa extinción de bosques y lógicamente para la aniquilación de los factores que son esenciales para la funcionalidad del ciclo del agua.
De nada sirve que el acceso al agua se considere un derecho humano en nuestra constitución si no se actúa en consecuencia para garantizarlo; de nada sirve que en nuestras leyes se reconozca la importancia de bosques y aguas para asegurarnos un medio ambiente sano si no se generan las regulaciones imprescindibles para evitar el daño a la naturaleza que es la que nos da vida.
Ahora mismo, Michoacán tiene un problema mayúsculo con respecto al derecho humano para el acceso al agua. Con la bonanza aguacatera, gran demandante de agua, se encuentran operando según datos conservadores, alrededor de 30 mil hoyas de grandes dimensiones, captadoras de agua para abastecer los cultivos. El problema es que estas construcciones ni tienen estudio de impacto ambiental, ni tienen autorización, es más, ni siquiera están consideradas en la leyes correspondientes.
Existe un vacío legal inmenso frente a un problema ―por suerte reconocido― que tiene un impacto brutal en los sistemas de recarga hídrica, en la vida de los ecosistemas que han dejado de reproducirse por la falta de este elemento, en la ganadería y en los cultivos tradicionales de los pueblos.
El problema del crecimiento desbordado de estas hoyas captadoras de agua se ha reconocido desde hace años, y desde entonces se sabe con claridad que existe ese vacío legal pero desde entonces no ha habido ―que se sepa― una sola iniciativa en el ámbito federal o en el ámbito estatal para de una vez por todas frenar el caos, garantizar el derecho humano al acceso al agua, preservar las escurrentías, asegurar la vitalidad de los ecosistemas afectados y generar instrumentos de sustentabilidad en los que el agua es factor determinante.
El problema ya está reconocido, los legisladores deben tomar el toro por los cuernos y frenar lo que desde hace años ya está ocurriendo en Michoacán, un proceso brutal de privatización de las aguas nacionales.
Es indiscutible que el agua tiene que ser para todos, pero los gobiernos estatales y municipales , no hacen absolutamente nada por recuperar las aguas pluviales en las zonas urbanas, tampoco renuevan las tuberías que conducen el agua potable y por último dejan crecer la mancha urbana y eso es más dañino que producir alimentos, ya sean vegetales o animales. El captar agua de lluvia para el cultivo o la ganadería ves mejor que operar pozos que realmente afectan los mantos friáticos, la deslinizacion del agua de mar tampoco se ha impulsado, si a esto se le suma toda la corrupción que existe, el problema no es regular las gotas de agua pluvial, sino la correcta inversión de los recursos públicos.