La inhabilitación de funciones por once meses impuesta al exgobernador Silvano Aureoles Conejo, fue por eludir obligaciones de transparencia y rendición de cuentas al no informar en tiempo y forma la evolución de su patrimonio, evadiendo así la fiscalización ciudadana.

En conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la contralora del estado, Azucena Marín Correa, explicó que el exmandatario cometió omisión a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado que, en su Artículo 33 establece que la declaracion de modificación patrimonial deberá presentarse durante el mes de mayo y la declaración de conclusión del cargo dentro de los 40 días hábiles siguientes.

No obstante, Aureoles Conejo incumplió con el plazo establecido ya que la entrega de su declaración de modificación que debió realizarse en mayo del 2021, haciendo lo propio hasta el 29 de octubre del 2022, es decir, un año y cinco meses después tras notificación de la misma Contraloría del estado.

Agregó que con respecto a la declación de conclusión del cargo, el plazo para su entrega fue el pasado 25 de noviembre del 2021, pero el exgobernador la presentó once meses después, el 29 de octubre del 2022.

De acuerdo a la legislación, el incumplimiento a estos procedimientos administrativos conllevan sanciones que, para el caso de omisión sin causa justificada, refieren inhabilitación al infractor por un periodo de tres meses a un año.

Por lo que, el exgobernador fue sancionado con una inhabilitación de 11 meses imposibilitándolo a desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y tampoco podrá participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

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