El titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, consideró que al iniciar una serie de peticiones por parte de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), hacia el órgano fiscalizador, se tornó en un tema político.
Aguirre Abellaneda destacó que el diálogo y comunicación, que debe de mantener la Auditoría del Estado con el Congreso Local, es de manera directa con la Comisión Inspectora, y no con la JUCOPO.
Por lo cual, señaló que sería un error del propio órgano fiscalizador responder las solicitudes de información que fueron emitidas por la Junta de Coordinación, toda vez que reiteró se ha respondido lo necesario en tiempo y forma a la Comisión.
“Tanto el Congreso y la Auditoría nos regimos por Ley, no por sentimientos, la JUCOPO no existe en la Ley, el medio de comunicación y el vínculo para crear información es la Comisión, repito, el que incurriría en la falta es la ASM”, agregó.
El auditor, recordó que si bien se solicitó 293 millones de pesos para el ejercicio del año 2023, el Congreso de Michoacán, únicamente aprobó 210 millones de pesos.
Y ante la desaparición de la Unidad Programática Presupuestal, el recurso debe dispersarse de manera mensual durante los primeros diez días de cada mes.