La Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado, no ha sido dictaminada y por ende, tampoco votada, como resultado de una serie de características políticas y también técnicas, afirmó la diputada de la representación parlamentaria, Fanny Arreola Pichardo, quien impulsó esta Ley desde el pasado mes de marzo en el Pleno Legislativo.

Comentó que el aprobar dicha Ley se reconocería la inseguridad en el estado, y señaló que aunque se ha reconocido la problemática por parte de la administración estatal, conllevaría generar un recurso particular para darle seguimiento a la sistematización de documentos oficiales como actas de nacimiento e identificaciones oficiales.

“Es reconocer un problema cuando estamos inmersos en un discurso de que todo está avanzando bien, la seguridad se está solucionando. Entonces salimos a reconocer una ley de desplazamiento, podría no sentirse en sincronía y tiene que ver mucho con eso, espero que en el segundo año legislativo pueda salir esta Ley”, agregó.

La legisladora puntualizó que se ha incrementado el desplazamiento interno en Michoacán, y que si bien hace algunos meses se enfocaba en localidades como: Coalcomán, Tepalcatepec, Chinicuila y Aguililla, tras los acontecimientos de Tuzantla y el corredor que colinda con otros estados, se ha focalizado en dicha zona.

De acuerdo a los requisitos del gobierno americano para poder otorgar asilo político a las víctimas de desplazamiento, se les solicita presentar la denuncia pertinente ante los hechos ocurridos, sin embargo, en muchas ocasiones la querella no es aceptada por falta de documentos oficiales, los cuales la ley prevé poder expedir para no re victimizar a los michoacanos.

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