Ante una creciente cifra negra de crímenes de odio en contra de la población de la comunidad de la diversidad sexo genérica, Luis Antonio Cortés Salinas, representante de la asociación civil IncluMich, propuso que desde el Poder Legislativo se realicen una serie de reformas a la estructura de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, mediante la cual se cree una unidad especializada en la atención e investigación de crímenes de odio.

El activista apuntó que, al igual que el feminicidio, los crímenes de odio hacia personas de la comunidad LGBT tienen características muy puntuales por las cuales se puede determinar que la motivante hacia el delito fue un tema referido a su preferencia sexual o posible cambio de género.

Son crímenes muy específicos, hechos con saña y crueldad, como una forma de castigo hacia la vida que elegimos vivir y quienes somos, (…) como si quisiera corregir y dar una lección de que no se debe de hacer.

Cortés Salinas refirió que en años pasados hubo un caso muy sonado de asesinato en contra de dos varones homosexuales en el municipio de Lázaro Cárdenas, quienes fueron mutilados de sus órganos genitales para ponérselos en la boca y con su propio sangre escribirles “puto” en el pecho.

Sin embargo, resaltó que al no ser tema que esté tipificado por ley ni reconocido ante la Fiscalía como una posible línea de investigación, las carpetas se quedan en crímenes considerados como pasionales, lo que a su vez no permite visibilizar las violencias que se viven hacia la comunidad en el estado.

Debido a ello, ni la Fiscalía General del Estado ni los propios colectivos cuentan con cifras oficiales acerca de la incidencia de crímenes en contra de las personas de la comunidad. La fundación Arcoíris reportó, entre los años 2014 a 2020, 209 casos de crímenes de odio en México, de los cuales 28 se dieron en Michoacán.

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