Con la finalidad de asegurar que la asignación del presupuesto a los municipios se ejerza en obras prioritarias y que sean los ciudadanos quiénes decidan dónde aplicarlo, los legisladores Reyes Galindo Pedraza del Partido del Trabajo(PT) y Roberto Reyes Cosari de Morena, presentaron una iniciativa conjunta para modificar y regular el Presupuesto Participativo en Michoacán.

Buscamos que los presupuestos participativos de los municipios, puedan incidir de manera directa en la solución de problemas prioritarios, así la población tenga una oportunidad real para atender las carencias que tengan en su entorno, por consecuencia se prevé un desarrollo de transformación para las comunidades.

Al presentar este proyecto, el diputado por el Distrito 22 de Múgica señaló que se plantea establecer en la Ley Orgánica estatal Estado, en la Ley Orgánica Municipal y en la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado, que las figuras del ejecutivo estatal y de los ayuntamientos o Consejos municipales, destinen como mínimo el cinco por ciento y hasta el diez por ciento de su respectivo presupuesto anual de egresos para los proyectos de presupuesto participativo seleccionados en una consulta ciudadana.

Destacó que se establece la obligación de los ayuntamientos de emitir dentro de los treinta días a partir del inicio de su administración la convocatoria pública para la integración de su Observatorio Ciudadano correspondiente, en el ánimo de reforzar el marco normativo de la entidad para garantizar la efectiva asignación del presupuesto participativo.

Actualmente no contamos en Michoacán, con un esquema claro de las reglas para la implementación del presupuesto participativo, podría distorsionarse a favor de grupos minoritarios de intereses, perdiendo el sentido noble con el que se ha instituido, porque la finalidad es atender los problemas y rezagos comunitarios, a partir de la deliberación y discusión entre los habitantes de una zona territorial, para decidir sobre el destino de un porcentaje del erario público que reciben de las autoridades para que se destinen a las áreas que los propios ciudadanos consideren prioritarias.

Por último, recordó que como parte de las obligaciones que les competen como legisladores, es primordial sentar las bases y construir una democracia de calidad donde se impulse y consoliden los derechos de la ciudadanía, “una democracia que dote de instrumentos necesarios a los ciudadanos para sentirse escuchados por las autoridades, donde se vea reflejada su voluntad en las acciones hechas por el estado; y así poder transitar hacia una comunidad política participativa, incluyente, transformadora y reflexiva, que promueva y asegure un desarrollo integral de nuestra sociedad”.

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