En el ejercicio de la abogacía, el licenciado en derecho “llamado para auxiliar”, “para hablar por otro”, por su raíz latina advocatus contracción de ad auxilium vocatus, tiene un primer problema sociológico lingüístico, cuando el grueso de las personas se refiere como “litigante” al letrado en derecho especializado en defender intereses de partes en una contienda judicial o jurisdiccional.

Ello es erróneo, toda vez que litigante, es la persona que pleitea, la que disputa en juicio sobre algo, la que tiene un altercado, el contendiente. Es decir, es el actor o el demandado, el que ejerce una acción o el que opone la contradicción y excepción, es la parte formal y procesal de una disputa legal llevada ante una autoridad, ya sea judicial o administrativa que ejerce imperio jurisdiccional.

El licenciado en derecho que patrocina los intereses de alguna de las partes contendientes, el que asesora en la manera conveniente, la más provechosa de plantear su derecho, no es un litigante, pues no lleva ante la autoridad sus intereses, él no es el contendiente, no tiene legitimación ad causamni legitimación ad procesum.   De ahí que es incorrecto llamar a este especialista, litigante.

El término correcto es el de postulante, ya que es el experto en proponer y enunciar postulados, las vías, las acciones, las prestaciones, expresa los hechos y su teoría del caso conforme a la información y medios de convicción que le ha allegado su cliente; postula defendiendo verbalmente una idea o sentando una teoría legal o verdad histórica en un documento judicial; de ahí que se trate de un abogado postulante, y no así de un abogado litigante, pues se reitera, los litigantes son las personas con la aptitud para comparecer a juicio, procesalmente facultadas para pedir y contestar el procedimiento que es objeto del litigio.

El segundo problema, deriva del descrédito de la postulancia, en virtud de que es una profesión de menor reconocimiento social en relación con la práctica de otras áreas del derecho de mayor prestigio.    Esto se debe en gran parte al halo de corrupción y deslealtad que se atribuye a quien ejerce esta especialidad, puesto que en el imaginario colectivo está muy presente el que los problemas legales se solucionan con base en la entrega de obsequios, dádivas, corruptelas mayores y compadrazgos entre el postulante y los funcionarios judiciales y administrativos.   Muchas personas buscan la recomendación del abogado que más “contactos” tiene, lo que de suyo implica el demeritar los conocimientos, experiencia y capacidad técnica del profesional del derecho, puesto que le atribuye su talento a su talento de conocer, convencer y corromper a quien ha de decidir sobre la materia en litis.

La profesión del abogado postulante es un “constructo social” que aun y cuando paulatinamente se va dignificando, está muy lejos del respeto, afecto y gratitud social que se tiene hacia otros profesionistas, como los notarios, los jueces del registro civil, los catedráticos universitarios o los defensores de minorías.

La relación entre la sociedad y el postulante deriva de una situación de excepción, de una necesidad contingente, en donde se acude al instruido en leyes para resolver problemas, que muchas ocasiones son motivo de vergüenza, lo que deriva en una necesidad de ocultamiento para evitar un señalamiento social. De ahí que no sea motivo de jactancia u orgullo el ser visto con un postulante, y solo acudir a él en situaciones inevitables y guardando la mayor discreción.

En el mismo orden de ideas, el ejercicio de la postulancia está en constante cambio en respuesta a los avances tecnológicos, a factores económicos, políticas gubernamentales, mutaciones ideológicas y el dinamismo social; siendo el primero nombrado el que a mi parecer ha permitido dignificar y dar eficiencia a la labor en comento, por las siguientes razones:

1.- La incorporación en documentos oficiales, de kinegramas holográficos, cadenas digitales y sellos o códigos QR, también llamados bidimensionales, impiden su alteración o falsificación, ante la posibilidad de que el receptor pueda confirmar su originalidad ideal y formal en la base de datos de la autoridad emisora del instrumento, muchos de los cuales son de acceso público inmediato a través de la red informática mundial, en tanto que otros mediante llamadas telefónicas o trámites muy sencillos de unos cuantos días solamente.

2.- La implementación de sistemas operativos o softwares para la captura y digitalización de actuaciones administrativas y judiciales, que no aceptan su manipulación posterior a la fecha de su mecanografío y registro, lo que evita su alteración ulterior o la incorporación prefechada de actos que produzcan efectos jurídicos irreales.

3.- Motores de búsqueda electrónicos de: textos legales, sentencias, normatividad, jurisprudencia, derecho comparado, bibliotecas universitarias y de instituciones públicas y privadas, que vuelven prácticamente infinitas las fuentes para el estudio que se realiza al analizar cada caso sometido a la opinión del abogado postulante.

4.- Acceso a procedimientos de terceros, mediante organismos y “ventanillas” de transparencia y acceso a la información pública, que evita y desalienta la comisión de fraudes, ejercicios indebidos del servicio público y cohechos.

5.- El muy singular fenómeno consistente en que prácticamente todas las personas poseen un teléfono móvil, el cual, en la inmensa mayoría, tienen cámara y micrófono, con lo que se desincentivan los actos de corrupción, ante la alta contingencia de ser video y audio grabado, y ser expuesto en tiempo real, en las redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, etcétera, que hoy por hoy son lugares de consulta para las investigaciones sobre faltas administrativas y delitos cometidos por servidores públicos y por particulares; y claro está, para el juzgamiento y amonestación social.

Estas herramientas permiten una labor cada vez más honesta y ética en el gremio, ante la imposibilidad de poder ofrecer “servicios” paralegales al estar controlados por tecnología prácticamente inalterable, que va desde la posibilidad de autentificar, con resultado inmediato, la credencial de elector del litigante y la cédula profesional del postulante; hasta el escaneo de códigos QR que direccionan hacia el documento electrónico como actas de estado civil, sentencias, constancias de institutos registrales, etcétera.

Pese a lo anterior, el problema más grande es el lento avance en la eficacia social de las instituciones de procuración de justicia, de los tribunales y de los operadores del derecho administrativo en general, consecuencia de la falta de presupuesto que acarrea la insuficiencia de personal o bien de personal que ni siquiera cuenta con estudios jurídicos, capacitación escasa o ausencia de esta, carencia de recursos materiales, sobrecargas de trabajo y salarios subvaluados.

Todo lo anterior lleva a que muchas personas dentro de estas instituciones del gobierno se vean tentadas o necesitadas a buscar otras fuentes de ingreso, que transitan desde la venta de productos entre sus compañeros, empleos alternos, o el ofrecimiento de servicios particulares; hasta la comercialización de trámites, “asesoramientos” y resoluciones contrarias a las normas que rigen su actuar dentro del servicio público.

Los conocimientos adquiridos de la lectura, no solo de los libros de doctrina, sino también de jurisprudencia y expedientes judiciales, inclusive ahora con el estudio de materiales audiovisuales de “técnicas de litigación” (debiera decirse de postulación, por las causas ya apuntadas), colisionan con la práctica ordinaria, con ese otro “derecho” que existe en la calle, el que se estila, no el que se legisla.

La superposición del derecho aprendido en las aulas y en los textos de los sagrados maestros, con las prácticas comunes que se malean en las situaciones fácticas referidas supra, confluyen en una forzada integración de pautas fácticas que se adhieren y cohesionan a los cánones de trabajo diario a pesar de los códigos de ética y de las asociaciones profesionales ondeantes de estandartes de honor, justicia, ética y lealtad. Cierto es que se puede evadir, que se puede no “caer en el juego”, pero ello, con la sabida advertencia de que conllevará el cursar caminos largos, que, sin embargo, con el estudio y la exhaustividad diaria, podrá obtenerse lo preceptuado en los códigos y leyes. Lo que torna la situación en un problema de zozobra y tiempo.

Finalmente, aunque son cada vez más las personas que buscan al abogado que goza de prestigio moral y profesional que le permiten asumir que dispone de honradez, criterio, experiencia, conocimiento y capacidad técnica adecuada para resolver el negocio a encomendar, lo cierto es que, hoy por hoy el problema más complejo del postulante tiene rostro, se llama cliente, quien es el primero en preguntar, antes inclusive de exponer su asunto en el despacho, de colocar sobre la mesa los documentos que legitiman su derecho: ¿Conoce usted al juez que resolverá mi asunto? ¿Cuánto dinero cree que tengamos que darle? ¿Cree que quiera asociarse con nosotros y recibir un porcentaje al final? No tengo documentos, ¿Usted podría fabricarlos? Y un sinfín de interrogantes del mismo corte inmoral.

Estimo que el fenómeno es muy similar al que sucede con alguna persona enferma de cáncer que consulta a un prestigiado oncólogo y este le informa que ha llegado tarde, que su mal no tiene cura, y solo resta aplicar paliativos; desconfía del consejo de quien ha estudiado durante años y ha tenido la experiencia con un número grande de pacientes; prefiere olvidarse de las explicaciones dadas por el experto, y buscar al galeno o al chamán que le prometa una curación prodigiosa sin importar el pago de sobreprecios injustificados.

En el caso del postulante, la explicación de que existen procesos y tribunales que son hoy en día “prácticamente” inviolables e incorruptibles, respectivamente, y utilizo este vocablo porque no existen absolutos, y porque sí concurren tristes excepciones; lleva a que el cliente sienta que ha caído en las manos de una persona sin contactos, sin inteligencia y sin agallas, que no tiene la capacidad para resolver satisfactoriamente la dificultad planteada; retirándose hacia la búsqueda de quien le prometa el resultado a cambio de dinero, la desaparición de su cáncer con milagros divinos.

 

¿Qué es la subordinación del interés particular del abogado?

Al igual que cualquier otro profesionista, el interés particular del abogado se concentra en el cuidado de su familia, la salud, la fortuna, la posición social y la reputación profesional.

En el proceso para alcanzar estos intereses se debe atender a la ética y a la ley, a fin de no cometer injusticias detonantes de agravios y disarmonía en la sociedad, en lo general, y en particular, en las personas directamente ultrajadas.

Ambición, avaricia, vanidad, pasiones lascivas, y otros sentimientos similares, son los que subyacen con frecuencia en las acciones que tienen como eje el propio interés en menoscabo del tercero, sin prestar atención o desdeñando el resultado destructivo de su derecho y felicidad.

Somos seres gregarios, y por tanto dependientes los unos de los otros, en un fluido y constante intercambio de servicios, que por regla general se desarrollan en situaciones horizontales, es decir entre iguales, donde existe un ir y venir de ideas, puntos de vista, toma de decisiones, en donde el gusto de quien solicita el servicio es lo que más peso tiene en el trato, pensamiento reflejado en los refranes: “al cliente, lo que pida” o “quien paga, manda”.

Existen ciertas profesiones, muy pocas, en las que la relación es vertical, en donde el solicitante del servicio se coloca en una situación de dependencia o acatamiento de lo dictado por el profesionista, colocado en una situación de poder y superioridad. Tal es el caso del médico o del abogado postulante, quienes poseen conocimientos que permitirán a sus clientes el conservar o restituir sus bienes más preciados, como la salud, la familia y otros del mismo valor de alta jerarquía.

De ahí que la contractual sumisión aceptada por el cliente genera una situación de imperio de la que cómodamente el profesionista puede abusar y beneficiarse, ante la ignorancia de lo jurídico y, por ende, la indefensión de la persona que confía en que al entregar su potestad decisoria al experto que llevará leal y diligentemente a puerto sus intereses, habrá de conducirse como buen padre de familia.

Gobernará así en el postulante la búsqueda del interés del cliente, subordinado al propio, según la virtud de la sensatez y de la justicia, buscando el bienestar y socorro de quien se pone en sus manos quedando a ciegas, con un lazo de confianza suigéneris que rebasa la alianza y amistad que pueda surgir entre otro tipo de profesionista y sus usuarios, ya que la ya explicada particular relación entre el postulante y las personas que conforman su clientela, coloca a estos últimos en una cuasi interdicción y dependencia pseudo filial.

La aceptación del riesgo que implica la confianza en el postulante, tiene un doble candado, ya que por un lado están los valores de este, y por otro, la consecuencia de la traición, ya que la misma tiene no solo implicaciones éticas, sino colocan al abogado en un escenario de desprestigio y pérdida de credibilidad que contingentemente afectará el cúmulo de su clientela, la que habitualmente se conforma con personas que se conocen y lo van recomendando con sus núcleos cercanos; así como afrentar condenas judiciales con penas de índole patrimonial (multas y reparación del daño), privativas de libertad y de suspensión del ejercicio profesional.

Así que no solo es la ética, el interés por los demás, las virtudes de la justicia, la lealtad, el estudio, el sigilo, etcétera; sino, además, el instinto de cuidar de sí mismo, el que constriñe al abogado a la subordinación de su interés particular a los intereses que sus clientes le encomiendan defender, conservar o restituir, según sea el caso.

Lo humano es jamás preferir a otro antes que a uno mismo por mera generosidad y sacrificio, aunque existan actos altruistas que se ejecutan por sentimientos de bondad, caridad, prudencia y justicia, lo habitual es que ello no ocupe la mayor parte del tiempo laboral disponible. Las personas, cualquiera que sea su oficio, buscan no solo la alegría que les genera ejercer su vocación, sino también el obtener un beneficio de sus intereses.

El honorario es el mecanismo con el que obtiene recompensa el abogado por utilizar su experiencia, el tiempo de estudio y el de ejecución de una defensa legal, en beneficio de otro, mediante esta retribución se logra un equilibrio justo por la subordinación de sus intereses particulares a los del patrocinado.   De ahí el especial cuidado que debe tenerse al fijar la contraprestación correcta, la que es adecuada para ambas partes.

De donde se sigue que no solo la ética y el temor de consecuencias negativas es lo que estimula la subordinación del interés particular del abogado, sino también la satisfacción psicológica que se obtiene de ejercer la profesión que ha elegido, y la recompensa material implícita en el honorario, que, aunque menos ventajosa para el postulante, resulta ser la que provee de mejor resultado individual y social.

A manera de colofón debe decirse que el abogado es libre de aceptar los patrocinios de las personas que lo consultan, el aceptar hacer el bien a sus clientes, es moralmente positivo; el no aceptar defender a una persona por que aprecia un conflicto de intereses, o bien porque desde su óptica no es correcto su pretendido derecho, es moralmente positivo; aceptar una defensa, para luego abandonarla, ser omiso o actuar con dolo para superponer el interés propio, es moralmente negativo, y por tanto merecedor de un juicio de reproche.


Maestro José Armando Solís De Anda.

24 de marzo de 2022.

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