El influyentísimo, el nepotismo y la corrupción han estado presentes de manera casi inherente en el ejercicio del poder, dando por hecho que son prácticas recurrentes y tolerables, señaló el diputado Juan Carlos Barragán Vélez.

Tras presentación de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la cual trabajó en coordinación las diputadas Julieta García y Eréndira Isauro y sumó las inquietudes de integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán.

Las y los jueces y servidoras y servidores públicos no siempre se conducen con la ética, profesionalismo, independencia e imparcialidad que deben prevalecer en el desempeño de sus cargos. Muchas veces sucumben ante intereses mezquinos.

Algunos de los puntos que dan sustento a la iniciativa de reforma son:

– La unificación de criterios y armonización de los diversos ordenamientos normativos existentes relacionados con la carrera judicial y los derechos laborales de servidores públicos y trabajadores del Poder Judicial del Estado de Michoacán.

– La consolidación de una verdadera carrera judicial para todas las categorías, a las que se acceda por concurso de oposición, respetando la publicidad y transparencia de los procesos de selección y en la que sea posible ascender respetando los derechos de antigüedad en el empleo, escalafón, sindicación, paridad de género, así como aplicar criterio de perspectiva de género, propiciando designaciones en apego a los méritos profesionales y en igualdad de condiciones para todas las personas.

Con estos objetivos se pretenden generar equilibrios al interior del Poder Judicial del Estado, ya que en la mayoría de los casos, los funcionarios de mayor jerarquía son los que realizan las designaciones del personal con funciones jurisdiccionales, pero lo hacen atendiendo intereses personales y simulando supuestos procesos de selección; donde no se respeta el desempeño académico y la experiencia profesional de los aspirantes, lo cual genera desigualdades en el sistema judicial, dificulta que los más pobres puedan ser escuchados y que sus reclamos sean atendidos.

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