Pese a los 123,399 casos confirmados acumulados de COVID-19 en Michoacán desde que inició la pandemia y el incremento constante de casos nuevos diariamente en el estado, el decreto emitido por el gobernador para el mes de enero contempla aún permisos para la realización de eventos masivos como conciertos y jaripeos, por mencionar algunos.

Este decreto establece que estos eventos se pueden realizar en el estado siempre y cuando los organizadores y participantes observen los protocolos correspondientes, respetando en todo momento el uso obligatorio del cubrebocas, un aforo máximo del 60 por ciento garantizando la sana distancia, evitar la participación de adultos mayores de 60 años y acudir siendo responsable del riesgo individual.

Sin embargo este documento que entró en vigor a partir del 10 de enero de 2022 decreta que respecto a las actividades y aforos permitidos se encontrarán sujetas a modificaciones de conformidad al comportamiento del incremento de los casos confirmados por COVID-19 en la entidad, del indicador del semáforo federal atendiendo al color en el que se encuentre el estado y del incremento de casos hospitalizados por COVID-19 por arriba del 20 por ciento de ocupación en el territorio michoacano.

Hasta el corte del 10 de enero de 2022, de la red IRAG de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) hay ocho camas ocupadas de 127 para pacientes intubados y 22 camas ocupadas de 294 para pacientes sin intubar.

Mientras que se registraron 374 casos nuevos confirmados de COVID-19 y una persona fallecida en San Lucas a causa de esta enfermedad. De acuerdo a las estadísticas las personas de 60 a 69 años de edad son las que más han fallecido en Michoacán, siendo los hombres los más propensos. La comorbilidad más común entre los pacientes es la hipertensión, seguida de la obesidad y la diabetes.

El decreto, que estará vigente durante todo el mes de enero de 2022 también contempla sanciones por la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes, que son amonestaciones con apercibimiento, multa de diez a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), es decir, de $106.22 a $2,886.6 pesos; la clausura temporal o definitiva, que podría ser parcial o total; y arresto administrativo hasta por 36 horas.

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