Con el objetivo de avanzar y lograr permear en la construcción de una sociedad realmente inclusiva en todos los ámbitos, la diputada Andrea Villanueva Cano, se reunió con integrantes de la Asociación de Asistencia a la Discapacidad para la integración con guía sombra A.C, ( ADIGS A.C.) y la titular del Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, Laura Sosa Zaragoza

Lo anterior, a fin de exponer casos de discriminación a los que se están enfrentando padres de familia de alumnos con discapacidad, por parte de algunos centros escolares e incluso de la propia Secretaría de Educación Estatal, al negarles el derecho que tienen todos los niños a la educación básica en México.

Ante los padres de familia y representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Andrea Villanueva lamentó la falta de información y de capacitación que sigue prevaleciendo en la sociedad, particularmente en todo el sector educativo en donde por el desconocimiento de las normas que a nivel federal y estatal existen en materia de inclusión, los centros escolares e incluso funcionarios de la misma Secretaría de Educación en el Estado les niegan el derecho a la educación a los menores que presentan alguna discapacidad.

Así, indicó Villanueva Cano, todos los niveles de gobierno deben comprometerse a proteger y promover los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, además de crear mecanismos que realmente garanticen y protejan estos derechos, permitiendo una inclusión real y efectiva en todos los ámbitos de nuestra sociedad.

Por ello, consideró necesario trabajar de manera conjunta, Legislativo, Ejecutivo y sociedad civil, a fin de avanzar hacia una sociedad que en la realidad, brinde oportunidades de inclusión, accesibilidad y no discriminación hacia las personas con discapacidad.

Finalmente, aseguró que desde el Legislativo impulsará marcos legales que fortalezcan las campañas de promoción y concientización sobre los derechos que tienen las personas con discapacidad, así como las obligaciones que tienen todos los niveles de gobierno para garantizar el cumplimiento efectivo de las leyes y de los marcos legales a los que nuestro país se ha sumado, como la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por México en el año 2007.

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