Ante un déficit financiero para el pago de nóminas a trabajadores estatales por el orden de los siete mil millones de pesos, el gobierno de Michoacán analiza la posible desincorporación de bienes inmuebles como una alternativa para hacerle frente a los compromisos del cierre de año.

Pese a que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se opuso a la venta de activos de la administración estatal mientras Silvano Aureoles Conejo estaba al frente del ejecutivo, al encontrar un panorama de quiebra técnica, el titular de la Secretaría de Finanzas, Luis Navarro García, admitió que ya se sopesa la posible venta de bienes.

Refirió que la diferencia entre la venta de inmuebles ahora y en el gobierno de Aureoles Conejo es que en su momento no se tenía claridad del destino que tendría el recurso proveniente de la venta, mientras que en la actualidad se utilizaría para el pago de todos los adeudos que arrastra la administración estatal con los empleados a su cargo.

Denunció que una de las razones por las que el actual gobernador se oponía a la venta de activos está relacionada al hecho de que al tiempo que se buscaban liquidar bienes también se estaban comprando otros inmuebles, como es el caso de siete cuarteles para la Secretaría de Seguridad Pública por un valor de mil 800 millones de pesos.

Navarro García aseguró que este tipo de acciones caían en la incongruencia y generaban sospechas de que el recurso que pudiera provenir de la venta sería destino para otras acciones que no abonarán a saldar los adeudos estatales.

Mientras se trabaja en la propuesta a presentarse al Congreso del Estado de Michoacán, el funcionario estatal refirió que será el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales quien se haga cargo de hacer los avalúos reales de las propiedades en poder del ejecutivo y dar fe de aquellas que pueden ser vendidas.

Desde el año 2019, el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, propuso la venta de activos en poder del gobierno estatal, en un primer momento seis, luego 10 y en última instancia otros ocho, sin embargo, ninguna de las desincorporaciones planeadas fue aprobada por el pleno legislativo.

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