Bryan LeBarón presentó este jueves una denuncia ante la Fiscalía General de la República, en contra del exsecretario de Seguridad, Alfonso Durazo, por omisiones previas al ataque en contra de su familia.

La denuncia también es en contra de José David Anaya Cooley, secretario de Seguridad Pública de Sonora.

En noviembre de 2020, tres mujeres y seis menores de la familia LeBarón fueron asesinados en un ataque armado, en en los límites entre los estados de Chihuahua y Sonora.

Por estos hechos, el gobierno federal inició una investigación que a la fecha sigue abierta.

Bryan LeBarón presentó una serie de omisiones cometidas por autoridades federales y estatales antes del ataque, mismas que los motivaron a interponer la denuncia.

Entre otras cosas, Bryan señala que las fuerzas de seguridad locales y federales sabían desde 4 meses antes del ataque que el camino de terracería que une el Noroeste de Sonora con el Noroeste de Chihuahua (lugar del atentado) “estaba tomado por grupos armados pertenecientes al crimen organizado”, y no hicieron nada por atender el problema.

Estos hechos también se reportaron y fueron documentados por los medios locales.

En varias ocasiones, Julián LeBarón dijo a los medios “que los grupos armados extorsionaban a quienes transitaban por ese camino”.

Incluso, en agosto de 2019, meses antes del ataque, Julián se reunió con el coordinador estatal de la Policía Federal “para solicitar seguridad en los caminos de Janos- Agua Prieta, rumbo a Pancho Villa, San Miguel, Baserac”.

Pese a las advertencias y denuncias, dicen, la situación de inseguridad no fue atendida.

El 4 de noviembre de 2019, tres camionetas en las que viajaban mujeres y 14 niños de la familia LeBarón, fueron atacadas en la sierra en los límites entre los estados de Chihuahua y Sonora, resultando nueve personas muertas.

Ante esto, la familia LeBarón responsabiliza al entonces secretario de Seguridad federal y hoy candidato a la gubernatura de Sonora, Alfonso Durazo y a José David Anaya Coolley, de no garantizar la seguridad para los habitantes de la zona.

Los LeBarón tienen dos hipótesis ante la falta de acción de las autoridades: existía complicidad o hubo negligencia.

“Ambas son sancionables. No vamos a dejar que el Estado se lave las manos solo deteniendo a quienes jalaron el gatillo, también son responsables los que no evitaron que lo jalaran”, dijo Bryan.

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