Con la finalidad de garantizar los derechos de todas las personas migrantes, mediante la adopción de medidas apropiadas para salvaguardar su integridad, las diputadas y los diputados del Congreso local, aprobaron reformas a la Ley para la Atención y Protección a los Migrantes y sus Familias.

El dictamen presentado por las comisiones unidas de Migración y Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente concentra las propuestas formuladas por las diputadas Lucila Martínez y Yarabí Ávila, así como por el diputado Norberto Martínez, destacando la necesidad de generar condiciones para que los migrantes puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad, libres de discriminación y violencia.

Asimismo, se proponen mecanismos para brindar seguridad y protección de los derechos humanos para los migrantes michoacanos que radican en el extranjero, así como para los migrantes que transitan por Michoacán.

Lo anterior, con el propósito de propiciar mejores condiciones de viaje seguro, ordenado y respetuoso de sus derechos humanos, así como establecer como derechos de los migrantes el gozar de las garantías de derechos fundamentales, con plena seguridad jurídica en un marco de igualdad y equidad de género.

En ese sentido, se establece el derecho de contar con un intérprete y traductor que los asista en los procesos y trámites legales, cuando su idioma sea distinto al español; asimismo, tratándose de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, las autoridades del Estado y los municipios deberán garantizar su protección y respeto de los derechos humanos.

De igual forma, incorpora la obligación de brindar protección y acompañamiento a las personas migrantes víctimas de delitos, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas.

Asimismo, se amplían las atribuciones de la Secretaría del Migrante para gestionar ante las instancias competentes, el otorgamiento de facilidades a los migrantes y sus familias para la obtención y envío de documentos oficiales, de identidad, estudios, propiedad y otros de carácter público que les sean necesarios.

También, podrá promover e implementar acciones de gestión, apoyo y acompañamiento necesarios para realizar los trámites de repatriación de los migrantes michoacanos fallecidos en el extranjero, función que ya realizaba de manera eventual.

Además, deberán brindar asesoría y acompañamiento ante las instancias competentes para que en el caso de que funcionarios y/o servidores públicos cometan cualquier tipo de abusos en su contra, puedan ser denunciados y castigados.

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