La Fiscalía General del Estado de Nayarit (FGE) informó este lunes que solicitó una nueva orden de aprehensión en contra del exgobernador priista Roberto Sandoval (2011-2017), sobre quien ya pesa una.

El 13 de noviembre, un juez giró una primera orden de arresto contra Sandoval por los delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones. Aunque la FGE no precisó cuáles son los nuevos delitos que se le imputan, estos están relacionados con el uso de empresas fantasma.

Así lo refirió la institución, que señaló que las acusaciones son producto de un intenso trabajo de inteligencia de más de dos años.

“El día 21 de octubre se recibieron dos denuncias o vistas por hechos delictivos formuladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra de Roberto Sandoval Castañeda, tres personas de su círculo familiar, cinco personas físicas (prestanombres o testaferros) y cuatro personas jurídicas o empresas consideradas fachada de actividades ilícitas”, indicó en un comunicado.

La fiscalía reiteró su llamado a las corporaciones de inteligencia y de seguridad, así como a los ministerios públicos locales y a la Fiscalía General de la República (FGR), para que se refuerce la búsqueda del exgobernador.

“Se hace público y especial agradecimiento a Santiago Nieto Castillo (titular de la UIF), por su completa colaboración y apoyo en las investigaciones que esta fiscalía le ha solicitado; en equipo con el gobierno federal se logran mejores resultados”, agregó.

A inicios de mes, cuando se informó sobre la orden de aprehensión, la fiscalía precisó que también se solicitó la ficha roja de Interpol para la búsqueda y detención del exmandatario por supuestos ilícitos en agravio del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado de Nayarit (Fircaes).

Autoridades de inteligencia confirmaron que, al momento en el que se giró dicha orden, Sandoval ya no estaba en Nayarit, sino que estuvo en Jalisco y Nuevo León. Hasta ahora es prófugo de la justicia.

Sandoval, según la fiscalía, podría recibir hasta 20 años de prisión, inhabilitación y reparación del daño por aproximadamente 20 millones de pesos.

Mientras tanto, las autoridades del estado procedieron al aseguramiento de inmuebles adquiridos por el exgobernador y de los que se acreditó están a nombre de testaferros, por lo que fueron puestos a disposición del Comité de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado de Nayarit, para continuar la ruta legal y entregarlos a la hacienda pública como reparación del daño.

En febrero, el gobierno de Estados Unidos acusó al exmandatario de haber recibido sobornos de narcotraficantes y de haberse hecho de recursos de manera indebida, por lo que le prohibió la entrada al país, donde está preso Edgar Veytia, quien fuera fiscal del estado durante su administración.

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