Con la finalidad de promover la seguridad ciudadana, como eje fundamental para mejorar las relaciones entre los policías municipales y la ciudadanía, a través de acciones comunitarias para prevenir el delito y fortalecer los derechos fundamentales de las personas desde su entornos cotidianos y territorios habitacionales, la diputada por el Partido del Trabajo (PT) Brenda Fraga Gutiérrez, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Justicia Cívica Municipal de Michoacán.

La legisladora local detalló que se pretende que la actuación de la policía municipal, sea bajo protocolos bien definidos, que su trabajo sea con enfoque de proximidad social y que brinde atención temprana a los conflictos cuando no se trate de la comisión de delitos, que se aplique la mediación o conciliación como mecanismos alternativos de solución de las faltas administrativas y actuación “in situ” ante eventuales controversias o problemáticas.

A través de la actuación de la policía municipal con enfoque de proximidad social, se busca relaciones positivas de acercamiento con los ciudadanos que permitan recuperar la confianza no sólo en la figura del policía, sino en las instituciones de seguridad para obtener así también información fundamental para la prevención y atención del delito, mediante la cultura de la denuncia ciudadana, la colaboración y la convivencia.

La diputada petista, propuso retomar la figura del Juez Cívico en todos los municipios de Michoacán, para subsanar el vacío legal que existe en el ordenamiento en la aplicación de la Ley, en la comisión de faltas administrativas en el ámbito municipal, toda vez que, en la actualidad, en la mayoría de los casos el Síndico Municipal aplica las sanciones a discrecionalidad, sin fundamento ni sustento legal.

Una más de las razones que motivan el presentar la iniciativa de Ley de Justicia Cívica, es el vacío de los ayuntamientos de constituir las unidades de mecanismos alternativos, contempladas en la Ley de Justicia Alternativa y Restaurativa del Estado de Michoacán. Por lo que, con la finalidad de evitar la discrecionalidad, en esta iniciativa se propone un catálogo de faltas administrativas en el que se puntualizan aquellas que atentan contra el orden público y la paz social, contra la moral y las buenas costumbres, contra el derecho de propiedad, contra el ejercicio del comercio y del trabajo, contra la salud pública, y contra el ambiente y equilibrio ecológico.

Por último, la diputada petista destacó que lo que sostendrá en el largo plazo tanto a la Justicia Cívica como su eficacia y eventuales resultados positivos, será fundamentalmente la voluntad política de comenzar a trazar e implementar lo propuesto, así como el proceso continuo de mejora del que pueda ser sujeto y, desde luego, de la retroalimentación derivada de las experiencias de la práctica y el estudio que se continúe haciendo al respecto.

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