El sector empresarial en el estado, encabezado por la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC) presentará una denuncia penal en contra de la dependencia federal que resulte responsable por la omisión en la aplicación del estado de derecho ante el bloqueo de vías férreas en el interior del estado, desde el pasado 21 de septiembre.

Tras 21 días de obstrucción a los ferrocarriles, con una pérdida económica de más de 900 millones de pesos, el presidente de la AIEMAC, Carlos Enriquez Barajas, exigió a las autoridades federales aplicar el estado de derecho y liberar las vías férreas.

“Estamos desesperados, esto un llamado muy enérgico para no seguir en una línea de acción que perjudique a la ciudadanía, en esta situación que no solo afecta a los michoacanos, sino a miles de mexicanos y extranjeros, (…) queremos que Michoacán deje de ser un actor negativo en el desarrollo económico del país”, acotó.

El presidente del AIEMAC apuntó que son cuatro mil 458 contenedores de 31 trenes los que están detenidos tras 504 horas de bloqueos a las vías de comunicación con mayor insistencia en la comunidad Caltzontzin en Uruapan, además subrayó que las afectaciones se ven reflejadas en la industria acerara y automotriz.

En su intervención el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raymundo López Olvera, se sumó a la exigencia de la liberación de las vías pues señaló que esto deteriora la percepción del estado para la inversión, además de una pérdida colateral de empleos.

“Los empresarios, más de 200 mil empresas hoy exigimos un arreglo inmediato para el desarrollo de nuestras actividades legales en apego de derecho, (…) esto deteriora pérdidas millonarias y también bajas de empleo no sólo en Michoacán, sino en otros estados y Estados Unidos, no podemos permitir que los derechos de los michoacanos se vean afectados por particulares”, afirmó.

Desde el pasado 21 de septiembre, la fracción Poder de Base de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instauró la serie de bloqueos intermitentes a las vías del tren en diferentes puntos del estado como una medida de presión para que se cumplimenten las demandas del magisterio.

Sus exigencias son, el pago puntual de salarios y prestaciones a más de 28 mil trabajadores de la educación, la basificación de alrededor de dos mil 200 normalistas egresados de las generaciones 2019 y 2020, así como la liberación de presos políticos.

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