La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario Partido del Trabajo (GPPT), Tere Mora Covarrubias, presentó una iniciativa que propone un catálogo de las causales de juicio político, mismo que si bien no es nuevo en la esencia, sí contiene elementos distintos de configuración, a efecto de que las comisiones que analizan la procedencia de los juicios políticos interpuestos, tengan una mayor posibilidad de análisis, dando viabilidad a las denuncias ciudadanas, sin dejar de garantizar la certeza jurídica que se debe a las partes.

En su exposición de motivos, la legisladora indicó que hay muchos supuestos de procedencia de un juicio político que no responden hoy, a la realidad de Michoacán, pues detalló que hay múltiples ejemplos de interposiciones de juicio político que no han prosperado, no por no tener elementos suficientes para sancionar la conducta del servidor público, sino porque los elementos que exige cada supuesto, son de difícil comprobación.

Debemos de dar cauce a las denuncias ciudadanas, los compañeros de las comisiones unidas que ven la procedencia de inicio del juicio político, pueden decirnos que en algunos casos existe, según cada uno de los expedientes que reciben, evidencia quizá suficiente, pero que no encuadra en las causales que establece la Ley, tal como hoy se encuentra, permitamos dar un respiro a estas acciones denunciadas, que deban ser sancionadas, mediante una reforma a la norma vigente.

La legisladora por el distrito local de Zamora, refirió que por mucho tiempo la responsabilidad política se confundió con otras materias de responsabilidad, como la administrativa, al ser supuestos similares, lo que provocaba su inaplicación, en la duda; este poder Legislativo no hizo uso de los procedimientos de responsabilidad política sino hasta la Septuagésima Legislatura, lo que da muestra del desuso; así también, la norma, contribuía en mucho a la  confusión e inaplicación, consecuencia además que los supuestos eran inoperantes, por su ambigüedad.

La materia de responsabilidades, por mucho, es esencial en la vida del Estado y redunda en interés, tanto para el gobernante, como para el ciudadano, pues determina una herramienta eficaz, por la cual, ambos, tienen certeza de su buen actuar.

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