Incluir en la Ley general de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia el concepto de “violencia simbólica” y eliminar el financiamiento público a concursos y certámenes de belleza, es lo que propone una iniciativa de reforma propuesta recientemente en la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.

La iniciativa, explica la diputada del PRD, Frida Esparza Márquez, en ningún momento menciona la prohibición o eliminación de los concursos de belleza, pero sí que el gobierno no pueda apoyar con recursos públicos la realización de estos eventos si incurren en la reproducción de violencia simbólica.

Las reformas a la Ley incluyen declarar como violencia simbólica las acciones en donde se evalúe la belleza o apariencia de las mujeres, niñas y adolescentes a través de patrones estereotipados.

Según el documento, la violencia simbólica se define como: “la expresión, emisión o difusión por cualquier medio, ya sea en el ámbito público o privado, de mensajes, patrones, estereotipo, signos, valores icónicos e ideas que transmiten, reproducen, justifican o naturalizan la subordinación, desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres en la sociedad”.

En los concursos de belleza, por ejemplo, es común pedir como requisito a las participantes: ser solteras, no tener hijos, no haber estado embarazadas, tener determinada estatura y cumplir con ciertas medidas, características que reproducen roles de género y que normalizan los estereotipos sociales.

“Promover la competencia entre las mujeres a partir de sus atributos físicos incentiva patrones sexistas y machistas que estigmatizan, cosifican y minimizan el rol que desempeñamos las mujeres en la sociedad”, detalla la iniciativa de reforma.

La violencia simbólica no aparece actualmente en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, −solo considera la violencia psicológica, física, patrimonial, económica y sexual−, pero con esta reforma se busca incluirla.

De acuerdo con la legisladora, la iniciativa no busca limitar la participación de las mujeres, ni la representación de las costumbres y tradiciones, sino más bien se centra en el papel que tiene el Estado en este tipo de eventos.

“Por lo general, estos eventos son organizados y financiados por gobiernos municipales o estatales para supuestamente promover el turismo, las tradiciones y costumbres, siendo una verdadera contradicción que el Estado promueva una forma de violencia simbólica”, apunta.

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