Michoacán, la hipocresía de un gobierno sin estado de derecho

Bien dicen que el buen juez por su casa empieza

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Por Rigoberto Guzmán Uriarte

Cuando entendemos como estado de derecho a la forma de organización social de un Estado, que ejecuta un conjunto de reglamentos, leyes y normas a fin de garantizar el principio de legalidad, seguridad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos tales como lo son la vida, nos ponemos a pensar si verdaderamente estamos viviendo en éste.

Con llegadas en helicópteros, aviones privados, caravanas de camionetas de lujo y cientos de elementos de seguridad, gobernadores de oposición al Gobierno Federal actual crearon un bloque con el que sostuvieron en fechas pasadas una serie de reuniones claramente ostentosas, mismas que comenzaron con el absurdo pretexto de un supuesto mal manejo de la pandemia por parte de la federación, y que terminaron poniendo sobre la mesa una serie de exigencias, la mayoría de estas relacionadas con presupuesto, dinero, con money; pues es de llamar la atención que los Estados que forman el bloque están señalados como los estados con el peor manejo de éste y con la mayor deuda pública del país.

En este caso Michoacán no es la excepción, el Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, contrató en los primeros siete de meses de su gobierno deuda pública a corto plazo por 3 mil 900 millones de pesos, en el año 2019 adquirió deuda por 700 millones y durante lo que va del presente año adquirió deuda por más de 3mil millones de pesos, sumando a estos 17mil millones de pesos que solicitó para la restructuración de la deuda con lo que podría dejar final de su administración una deuda de más de 25 mil millones de pesos, la más grande en la historia del Estado, además es uno de los Estados con mayor numero de observaciones por parte de la Auditorita Superior de la Federación (ASF), ésta señaló al Estado en el pliego de observaciones con número, 2018-A-16000-19-1012-06-001 del año 2018, daños a la haciendo publica por más de 1mil millones de pesos los cuales no fueron justificados, faltará ver los resultados de la fiscalización 2019 y de lo que queda de su “administración”.

Bien dicen que el buen juez por su casa empieza, pero para esta mala administración no es el caso, ya que el problema no surge únicamente en materia financiera, otro de las elementos en la que estamos muy bien rankiados en el Estado es en materia de seguridad, o mejor dicho inseguridad, pues es incongruente que otra de las exigencias de este grupo y del ejecutivo del estado de Michoacán sea el alto a la Ley de Seguridad Interior, en la que en su contenido explica los alcances, cuál es su finalidad como la de apoyar a la Guardia Nacional con sus tareas y garantizar la seguridad de los Mexicanos, pues Michoacán tan solo en el primer trimestre del año ocupó el tercer lugar con mayor indicie de violencia con un total de 680 homicidios dolosos, ocupamos el cuarto lugar en casos de feminicidios y violencia de género, se han asesinado a defensores de los Derechos Humanos, Periodistas, y activistas en el cuidado del medio ambiente y personas que han denunciado la tala clandestina, así como el cambio del uso de suelo para la siembra del aguacate y el uso de cañones antigranizo, problemáticas que también atañen al Estado y que a pesar de los llamados de los defensores, ambientalistas, asociaciones civiles, en inclusive varios exhortos por parte del Congreso del Estado a lo largo de su administración , no sabemos la razón por la que no se ha hecho nada por frenarlas, el caso es tan solo a lo que va del año la suma de todos estos homicidios dolosos es casi cuatro veces lo que van de registros de personas fallecidas a causa COVID-19 en el Estado, solo para dimensionar la incongruencia de lo que exigen nuestras autoridades, esto por mencionar algunos de los hoyos en los que nos ha metido el actual gobierno.

¿Con que cara podemos exigir un presupuesto extraordinario cuando ni si quiere hemos podido justificar el que ya se nos ha dado? ¿Con que cara pedimos frenar una ley con la intensión de mejorar la seguridad cuando ni si quiera podemos garantizar el derecho a la vida y a la integridad de nuestras mujeres, nuestras familias, nuestros periodistas y de nuestros protectores de la madre tierra, ni si quiera la de la vida de nuestros bosques y nuestros mantos acuíferos a cambio de intereses?

Todo lo anterior hace honor al dicho que a su letra dice; candil de la calle y obscuridad de su casa.

¿Creen ustedes que Michoacán vive entonces en un estado de pleno derecho?
Dejo estas preguntas para la reflexión, ya que los lectores tendrán la última palabra.

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