Ante la imperante necesidad de legislar y con ello, garantizar el ejercicio pleno de la función pública, la 74 Legislatura del Congreso de Michoacán aprobó adiciones y modificaciones a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, así como a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán.

Ello, ante un reclamo generalizado de presidentes municipales, síndicos, tesoreros y varios funcionarios de gobierno, quienes denunciaron que, de manera sorpresiva, el pasado 13 de mayo del presente año, se publicaron en el Periódico Oficial los “LINEAMIENTOS PARA LA TRAMITACIÓN, CONTRATACIÓN, RECEPCIÓN, REGISTRO, OPERACIÓN, APLICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE MONTOS DE LAS FIANZAS QUE DEBEN OTORGAR LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES Y ESTATALES DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO”, emitidos por el Auditor Superior del Estado.

En dicho anexo, se integró una tabla con los montos de las fianzas que se aplicarán por concepto de garantía a cargo de los servidores públicos como: presidentes municipales, síndicos, tesoreros, directores de obras públicas y directores de los organismos operados de agua potable de los 112 municipios.

Sin mediar un análisis específico de la realidad de los sujetos obligados, en el documento se manejan montos genéricos de conformidad con el cálculo del 5 por ciento sobre el total del presupuesto aprobado para el ejercicio de cada municipio, montos que, a decir de los legisladores, resultan incongruentes e ilógicos.

En el municipio de Nahuatzen, considerado por CONEVAL como el municipio más pobre del Estado, el 86.5% de la población se encuentra en esta situación. Así, si nos apegamos a los lineamientos desarrollados por la Auditoría Superior de Michoacán, el Presidente Municipal debería otorgar una fianza de $831,154 pesos, el Síndico y Director de Obras Públicas $623,635 y al Tesorero 1 millón 752 mil pesos.

De lo anterior, reconocieron que estas disposiciones violentan no sólo la normatividad, sino las garantías de estos servidores públicos, ya que además de presumir una situación económica específica sobre ellos, cualquiera que acceda como servidor público deberá ahora contar con recursos suficientes para poder afianzar el manejo de recursos públicos, poniendo incluso en garantía el patrimonio personal y/o familiar.

Con lo expuesto, solicitaron los diputados locales votar dichas modificaciones a manera de rectificación del procedimiento legislativo, buscando además dar certeza jurídica de lo que se está haciendo y dar cumplimiento a la Constitución, privilegiando la democracia y la responsabilidad de promover la justicia y el municipalismo, por encima de cualquier otro interés.

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