La violencia política que enfrentan las mujeres, debe dejar de ser un obstáculo para el ejercicio de sus derechos políticos, por eso la importancia de reformar nuestro marco local para atajar este tipo de conductas subrayó la diputada Lucila Martínez Manríquez, integrante de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.

La diputada celebró que en Pleno del Congreso aprobara ayer martes las reformas que promovió en la materia, a la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán, así como a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo.

“Una de las tareas legislativas fundamentales es lograr avances para alcanzar la plena integración de las mujeres en el desarrollo político, económico y social, por lo que este postulado nos llama a revisar y actualizar el marco legal para derogar todas aquellas normas discriminatorias, que impidan la incursión de las mujeres a mejores condiciones de vida y de oportunidades frente al hombre”.

Lucila Martínez Manríquez destacó que la armonización de la legislación estatal para sancionar la violencia política por razón de género, representa una oportunidad para que esta Legislatura pase a la historia como aquella que fortalece la democracia inclusiva a favor de las mujeres.

Recordó que la violencia política de género limita el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, en un contexto cultural patriarcal y machista, por lo que es una más de las modalidades de violencia de género y es necesario conceptualizarla como tal para identificarla, prevenirla, erradicarla y sancionarla; de manera que tipificarla se volvía una tarea apremiante.

Explicó que en estas reformas el Instituto Electoral de Michoacán en el ámbito de su competencia, incorporará la perspectiva de género al monitoreo de las transmisiones sobre las precampañas y campañas electorales en los programas en radio y televisión que difundan noticias, durante los procesos electorales, y sancionar, de acuerdo con la normatividad aplicable, las conductas que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género.

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