Para evitar improvisación y garantizar que las autoridades estatales, municipales, así como los diversos sectores sociales, cuenten con los instrumentos jurídicos para actuar de manera oportuna e inmediata ante cualquier contingencia, y con ello, salvaguardar la vida de la población, el diputado Norberto Antonio Martínez Soto presentó una iniciativa para reformar la Ley de Salud del Estado.

En la sesión de la LXXIV Legislatura Local que se celebró este lunes, el diputado refirió que ante los graves estragos que ha generado la pandemia causada por el COVID-19, es urgente reformar diversas disposiciones de la Ley vigente, estableciendo las responsabilidades de las autoridades locales y estatales, así como de los diversos sectores sociales.

El actualizar la norma estatal, hoy más que nunca resulta urgente, sostuvo el legislador, al referir que nos enfrentamos a una pandemia sin precedentes, una crisis de salud, económica y social, que pone en peligro la coexistencia de la totalidad del catálogo de Derechos Humanos reconocidos.

En su exposición refirió que, los artículos 134 y 139 de la Ley General de Salud, señalan que el control de epidemias son facultades concurrentes entre la Federación y los Estados, sin embargo, la determinación de medidas que se requieran para la prevención y el control de dichas enfermedades, son de observancia obligatoria por los particulares, además de que no considera la figura jurídica de pandemia.

Atendiendo el llamado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre adoptar medidas urgentes y acertadas para combatir esta pandemia, estableciendo una gestión integral de riesgos sanitarios y civiles, que atiendan cualquier contingencia de salubridad y sociales de manera adecuada, ordenada y oportuna, es que este lunes se presentó la iniciativa.

Para ello, es necesario que nuestra legislación contemple la figura jurídica pandemia, a fin de que ahora, y cuando ocurra cualquier acontecimiento de tal naturaleza, se pueda intervenir.

En la iniciativa que presentó Tony Martínez este día, se establece que los ayuntamientos, albergues, centros penitenciarios, de readaptación, centros de reunión, de espectáculos, patronatos de salud rurales, sector privado y social, vendedores, y locatarios –entre otros, estarán obligados a acatar las medidas emitidas por las autoridades de salud.

Así también, los cementerios o panteones, en caso de muertes que deriven de epidemias, pandemias o enfermedades transmisibles, cuyo riesgo de propagación sea alto, la Secretaría emitirá medidas sanitarias excepcionales de control sanitario.

En caso de desastres naturales, urgencias epidemiológicas o pandemias, los planteles educativos contarán con protocolos específicos para la prevención, contención o atención. Para ello, contarán con la asesoría de la Secretaría.

Asimismo se establecen sanciones para las autoridades sanitarias, quienes serán suspendidas de forma inmediata, en caso de que se compruebe el incumplimiento en su labor y también se define que en el caso de declaratoria de Pandemia, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría, implementará como medida de seguridad sanitaria, un sistema de fases de observancia general y obligatoria, con la finalidad de darle seguimiento al promedio global de casos, la evaluación continua y gestión del riesgo, la velocidad de propagación y severidad de la pandemia, por medio de distintas fases que se especifican en la iniciativa.

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