El presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, propuso una reforma constitucional que permita al INEGI ingresar a las casas de los ciudadanos para revisar su patrimonio inmobiliario, a fin de medir la concentración de la riqueza.

Planteó que el organismo también tenga la facultad legal de revisar el patrimonio financiero de las personas, en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El dirigente morenista sostuvo que el INEGI debe presentar cada dos años un informe que dé cuenta de la riqueza de cada persona.

Agregó que ya no es suficiente la medición del ingreso y gasto de las familias mexicanas por decirles, como hace actualmente el INEGI.

“El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) debe de tener la facultad constitucional de medir la concentración de la riqueza en nuestro país. Tenemos miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada.

Ya no se trata sólo de dar cuenta del ingreso y el gasto de las familias y las personas. Medir la pobreza en México es un gran avance (pero) ahora se demanda, con urgencia, medir también la desigualdad y la concentración de la riqueza”, indicó en un comunicado.

“La información por deciles es buena. Pero se requiere descomponer la composición del X (décimo) decil y ver los componentes y los estratos que lo integran. El INEGI debe entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas. Cada dos años debe de dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano. El INEGI también debe tener acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria y a toda la información financiera y bursátil de las personas”.

Ramírez Cuéllar refirió que esta propuesta surgió de un análisis llevado a cabo por Morena y especialistas en política y economía ante la emergencia sanitaria y con la finalidad de forjar nuevas reglas de convivencia basadas en el bienestar.

El dirigente partidista también planteó una reforma hacendaria basada en la progresividad fiscal y fortalecer a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para que garantice la reparación del daño a los consumidores afectados por distorsiones en el mercado.

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