Ante la gravedad de la pandemia causada por el COVID-19, es urgente reformar diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado, en aras de darle plena vigencia a los derechos humanos de la población, ante lls riesgos para la vida, salud e integridad personal, estableciendo las responsabilidades de las autoridades locales y estatales, así como de los diversos sectores sociales, subrayó el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, quien presentará una iniciativa al respecto.

“La actualización de la Ley de Salud estatal, significa salvar vidas. Nos enfrentamos a una pandemia sin precedentes, una crisis de salud, económica y social, que pone en peligro la coexistencia de la totalidad del catálogo de Derechos Humanos reconocidos. Esta contingencia es una prueba contrarreloj, en caso de que el actuar del poder público se retarde significaría la muerte de la población, de ahí la importancia de la presente iniciativa”, sostuvo el diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD.

Tony Martínez explicó que los artículos 134 y 139 de la Ley General de Salud, señalan que el control de epidemias son facultades concurrentes entre la Federación y los Estados. Y, la determinación de medidas que se requieran para la prevención y el control de dichas enfermedades, son de observancia obligatoria por los particulares, sin embargo, no considera la figura jurídica de pandemia.

Esta crisis sanitaria que hoy se vive, refleja que las medidas impuestas por las autoridades de todos los niveles, en la mayoría de los casos se decretaron de manera emergente frente a una sociedad y un sistema jurídico no preparado para esta causa superviniente e impredecible.

Dijo que ello agravó los mensajes confusos y contradicciones en el Gobierno Federal, lo que provocó que en diversas Entidades Federativas, -no solo en Michoacán-, los Gobiernos Locales y Municipales, adoptaran medidas propias en aras de buscar la protección máxima de su población, tal es el caso del uso de cubrebocas, el inicio de las medidas preventivas, el aislamiento en casa voluntario u obligatorio y el más reciente plan para la nueva normalidad, que acertadamente la Federación ha determinado sea de observancia voluntaria para los estados y municipios.

Ante este panorama, como legisladores nos conlleva a reflexionar si la vida en el ámbito del cuidado de la salud posterior a esta contingencia será igual que antes. La polarización para abordar la pandemia provoca un temor fundado sobre la erradicación del virus, incluso con una vacuna por la desinformación o contra-información. Todas y todos somos testigos del desgaste de la sociedad, cuando se supere la crisis de salud, vendrá una crisis económica, que ya se vive, en el sector público y privado, luego entonces, es urgente analizar si nuestra actual ley de salud se encuentra preparada para la vida presente y futura en una pandemia.

Por ello, mencionó que es necesario que en Michoacán se atienda el llamado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien exhorta a que los gobiernos adopten medidas urgentes y asertivas para combatir el brote, estableciendo una gestión integral de riesgos sanitarios y civiles, que atiendan cualquier contingencia de salubridad y social de manera adecuada, ordenada y oportuna, conforme los protocolos nacionales e internacionales en la materia, por lo que es vital adecuar la legislación.

En ese contexto, Tony Martínez plantea que se considere en la Ley la figura jurídica “pandemia”, y que cuando esta suceda como actualmente, se deberá cerrar filas para su contención, atención y lo que sea necesario para salvar vidas, en ello, así como en desastres naturales, así como en urgencias epidemiológicas.

En la iniciativa se especifica a los ayuntamientos, albergues, centros penitenciarios, de readaptación, centros de reunión, de espectáculos, patronatos de salud rurales, sector privado y social, vendedores, y locatarios –entre otros, que en casos de epidemias y desastres naturales estarán obligados a acatar las medidas emitidas por las autoridades de salud.

En tanto los cementerios, en caso de muertes que deriven de epidemias, pandemias o enfermedades transmisibles, cuyo riesgo de propagación sea alto, la Secretaría emitirá medidas sanitarias excepcionales de control sanitario.

En lo que se refiere a desastres naturales, urgencias epidemiológicas o pandemias, los planteles educativos contarán con protocolos específicos para la prevención, contención o atención. Para ello contarán con la asesoría de la Secretaría.

Así también se establece que, las autoridades sanitarias serán suspendidas de forma inmediata en caso de que se compruebe el incumplimiento a lo señalado en esta Ley o se dará aviso a las autoridades correspondientes.

En la iniciativa de Tony Martínez también se establece que en el caso de declaratoria de Pandemia, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría, implementará como medida de seguridad sanitaria, un sistema de fases de observancia general y obligatoria, con la finalidad de darle seguimiento al promedio global de casos, la evaluación continua y gestión del riesgo, la velocidad de propagación y severidad de la pandemia, por medio de distintas fases que se especifican en la iniciativa.

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