El andamiaje legal para prevenir y erradicar la violencia en contra de la mujer continúa construyéndose pero la falta de interés del Congreso de Michoacán retrasa estos procesos, debido a la gran cantidad de iniciativas que aún están en comisiones sin ser dictaminadas.
De acuerdo a la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (SEIMUJER), Nuria Gabriela Hernández Abarca de cara al próximo proceso electoral de 2021 urge que se legisle sobre la violencia política que la mujer sufre lo que ha provocado incluso algunas muertes, no solo en el estado, sino en el país.
En este sentido expuso que la iniciativa fue entregada al presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán el 25 de noviembre pasado y fue turnada a la comisión de Justicia y actualmente no hay herramientas legislativas para sancionar penalmente a quienes violenten políticamente a las candidatas.
“Si no tenemos herramientas para denunciar van a seguir violentando a las mujeres y este año se tiene que hacer realidad el tema de paridad y vamos a haber muchas mujeres en todos lados, la mitad en todos lados, como vamos a defenderlas o como vamos a presentar denuncias si alguien las violenta sino tenemos ese instrumento jurídico”
Esta ley contempla 11 sanciones entre las que se incluye la nulidad de la elección y hasta ocho años de prisión para quienes cometan algún delito político electoral en contra de alguna mujer candidata.
Se trata principalmente de la reforma al artículo 13 de la Constitución Política de Michoacán para que se añada que los partidos políticos deban crear mecanismos para atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia política de género para evitar que desde las elecciones internas de las candidatas exista algún tipo de agresión contra las mujeres.
También se hizo una propuesta de reforma al código electoral para definir “violencia política contra las mujeres en razón de género”, que es toda acción u omisión de personas servidoras o servidores públicos en el marco del ejercicio de los derechos políticos electorales o bien en el ejercicio de un cargo público tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos electorales de las mujeres así como el acceso pleno al ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo en el ejercicio del poder público.
Con esto, explicó la secretaria Hernández Abarca, se busca visibilizar cuando este tipo de acciones en contra de las mujeres tienen un impacto diferenciado o una afectación desproporcionada por el simple hecho de su género y se puede presentar de forma simbólica, física, sexual, psicológica, digital, patrimonial o económica.
Esta violencia puede ser a través de la presión, hostigamiento, persecución, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenaza, privación de la libertad o de la vida.
Además explicó que con la aprobación de la Ley Olimpia las mujeres que participen en las próximas elecciones serán protegidas ante cualquier caso de violencia digital, ya que con las nuevas tecnologías es la más común y fácil de aplicar.
En cuanto a la reforma al artículo 72 del Código Penal de Michoacán plantea anular las elecciones cuando se acredite la existencia de violencia política de género contra las candidatas que contendieron en el proceso electoral y que sea determinante para el resultado final.
Además se impondrán de entre tres y siete años de prisión a quien ejerza violencia política contra las mujeres en razones de género.
Sin embargo los diputados explicaron que la aprobación de esta iniciativa está en riesgo ya que está a destiempo la modificación del Código Electoral y está en duda su constitucionalidad.
“Yo pienso que por la obviedad del tema y la urgencia y necesidad de contar con un marco legal esas cosas no deben de saltar”.