La diputada del PRD-PVEM Lucila Martínez Manríquez recordó hoy a los michoacanos su trabajo para mejorar las condiciones sociales desde el Congreso de Michoacán, luego de que en el último año le fueron aprobadas al menos tres iniciativas que presentó.
De acuerdo a la legisladora la primera fue la Ley de Profesiones para el Estado de Michoacán que busca principalmente expedir la cédula profesional con efectos de pa gente y que se inscriban todas las instituciones educativas públicas y particulares a partir del bachillerato para tener los antecedentes académicos de los estudiantes y posteriormente egresados para no dar pauta a los títulos apócrifos.
Además esta ley aprobada ya por el Congreso de Michoacán comprende la conformación de más colegios de profesionistas; disminuye los costos para que los egresados titulados expidan su cédula profesional y también abrirá la posibilidad de viajar a otros estados a realizar este trámite y así promover el tránsito de profesionistas por al menos las ocho entidades que ya cuentan con esta posibilidad en México.
Por otro lado Lucila Martínez destacó que también le fue aprobada recientemente la reforma que propuso al Código Penal de Michoacán en su artículo 204 respecto al robo calificado grave aumentando a 10 años de prision si el robo se comete con empleados bancarios como cómplices avisando a los delincuentes a qué cuentahabiente asaltar cuando abandone el banco en el que ha depositado su confianza.
Cabe señalar que de 2017 a 2019 se registraron 105 robos a cuentahabientes que después de acudir a la ventanilla del banco fueron asaltados con el dinero que recién sacaron y de 2018 a 2019 se registraron 22 casos de asalto cuando el cuentahabiente abandonaba el cajero automático.
Martínez Manríquez también logró la reforma al artículo 182 del Código Penal respecto a la solvencia simulada que busca que el empleador responsable de un padre separado de su esposa con la quien comparte un hijo no oculte el salario real del empleado para evitar que evada su responsabilidad como padre del menor, castigando esto con uno a cuatro años de cárcel cuando oculten su ingreso real, así como para quienes no realicen las acciones pertinentes que el juez solicite para comprobar la situación salarial real del papá irresponsable.
De esta forma Lucila Martínez Manríquez hizo un recuento de sus logros del primer periodo de sesiones del segundo año legislativo y recordó que aún le restan seis iniciativas por dictaminar y ser aprobadas.