La iniciativa de Ley de Amnistía del Presidente López Obrador es un proyecto criminal que beneficia a los delincuentes, favorece la impunidad y deja sin justicia a las víctimas, aseguró Acción Nacional, tras señalar que es un capricho más del Ejecutivo con tal de cumplir una promesa de campaña, sin considerar el daño a la sociedad amenazada por la inseguridad y la violencia.

El vocero de Acción Nacional, Fernando Herrera Ávila, señaló que esta iniciativa tiene claros tintes populistas y electoreros, pues busca que obtengan su libertad miles de individuos indiciados, procesados y sentenciados por robos sin violencia a casa-habitación, robo de celulares y de tarjetas de crédito o débito, robo de identidad y el conocido cristalazo, así como a quienes se dedican al narcomenudeo envenenando a nuestros jóvenes.

López Obrador no entiende que la amnistía es para casos de excepción, no para quienes han causado daños a la sociedad. Con el grave problema de inseguridad que hoy enfrentamos, es inconcebible que se quiera beneficiar a los que venden droga cerca de las escuelas, centros de diversión o en las colonias populares. Además, busca proteger a quienes bloquean las vías de comunicación como carreteras.

Recordó que el Código Federal de Procedimientos Penales en vigor y la Ley de Ejecución Penal ya contemplan las garantías para los delincuentes mediante la presunción de inocencia, así como distintas herramientas que fortalecen el Estado de Derecho tanto del imputado por un delito, como de la víctima.

Por ejemplo, dijo Herrera Ávila, que sean escuchados en el proceso de manera igual, que tengan las mismas garantías y que no se criminalice la pobreza ni a los grupos vulnerables por su situación de fragilidad. Asimismo, se mandata al Estado a promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Hay que alzar la voz para decir a los mexicanos que con la Ley de Amnistía López Obrador se niega a fortalecer a las instituciones de impartición de justicia. En lugar de aumentar los recursos para la actualización de jueces y Ministerios Públicos, le recortó mil 327 millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial y mil 500 millones a la Fiscalía General de la República para 2020. Esto es inconcebible en momentos de mayor inseguridad en la historia del país.

Para Acción Nacional, concluyó, la vía para lograr que las víctimas tengan la justicia que merecen es a través del fortalecimiento de las instituciones impartidoras de justicia y de nuestro sistema de Derechos Humanos, y no mediante la amnistía a los delincuentes.

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