Los impuestos que pretende crear el Gobierno del Estado para empresarios e industriales son meramente recaudatorios y no buscan resarcir ningún daño al ambiente, enfatizó el presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC), Carlos Enríquez Barajas.
Refirió que los nuevos impuestos pretenden comprar un derecho para que las industrias contaminen, lejos de proponer medidas para que reparen el daño y el dinero recaudado sea invertido en favor del medio ambiente.
“Nos queda claro que al tener un hueco ahora con la falta de recurso asignado por la federación es necesario encontrar otra manera de solucionarlo, lo que no nos hace sentido a nosotros es que se genere vía ecológicos cuando no tienen un fin para lo que se dice que es, que se generen a quienes ya están cumpliendo y que mejor se busque a quienes no están cumpliendo ni pagando”.
Enríquez Barajas refirió que este intento del gobierno de Silvano Aureoles Conejo por imponer los gravámenes únicamente desincentivará las inversiones en el estado y generará desconfianza en el gobierno, toda vez que la Ley de Ingresos ni siquiera propone un mecanismo de transparencia y verificación de la aplicación de lo recaudado.
Sin embargo AIEMAC ha propuesto ante el Gobierno de Michoacán y el Congreso del Estado una propuesta que compense la aplicación de estos impuestos, como lo es la implementación de un programa estatal de auditoría ambiental; un programa de inspección basado en riesgo para que con base en el mismo la autoridad realice visitas de inspección a las empresas que presenten mayor riesgo; el programa estatal de reforestación e inventario con superficie, sitios, metas y especies forestales susceptibles a ser plantadas; un programa estatal de fortalecimiento de capacidades para establecer protocolos de atención a emergencias ambientales; convenios de cooperación, entre otros y un dictamen de cumplimiento ambiental cuya finalidad es acreditar el cumplimiento con base en la legislación ambiental del estado.
Lo anterior servirá para dictaminar quién cumple con la normativa ambiental y quien no lo hace y así tener un inventario real de los problemas ambientales del estado y bajo el mismo poder implementar programas de cuidado y protección ambiental.
