El legislador ciudadano, Javier Paredes Andrade buscará mediante una iniciativa de reforma que el hostigamiento sexual laboral sea sancionado al interior del Congreso de Michoacán.
Esto consiste en reformar la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso y la Ley de Responsabilidades Administrativas, donde en la primera se adicionaría la fracción X al artículo 113 estipulado que se integrará un expediente con las pruebas que resulten necesarias y las quejas y denuncias presentadas en contra de las y los servidores públicos del Congreso por posibles actos o conductas de acoso u hostigamiento sexual serán remitidas de forma inmediata al Ministerio Público.
Además, la reforma a la ley prevé que se podrán ordenar medidas de protección a la probable víctima como la reubicación física, el cambio de unidad administrativa, cambio de horario de trabajo y demás medidas que sean necesarias para procurar su integridad, determinando también la vigencia de las mismas.
Por otro lado en la Ley de Responsabilidades Administrativas se adiciona el artículo 62 BIS para señalar que incurrirá en hostigamiento o acoso sexual el funcionario público que valiéndose de su posición jerárquica, derivada de su relación laboral, solicite a otra persona cualquier tipo de acto de naturaleza sexual a cambio de mejorar o conservar su fuente laboral o bien de acceder a su contratación.
De acuerdo al legislador entre el año 2015 y el mes de febrero de 2019 se han registrado siete mil 251 casos de víctimas de acoso sexual, de los cuales mil 604 se registraron en el 2015; mil 36 en 2016; en mil 685 en 2017; dos mil 674 en 2018 y de enero a febrero de 2019 se registraron 512 casos de este delito.
Paredes Andrade, desde la máxima tribuna del estado puntualizó que hay discrepancias notables entre los números de casos que se registran por estado del país donde los datos oficiales señalan que dentro de los 10 con más casos de hostigamiento sexual se concentra el 78.3 por ciento de la totalidad registrada en el territorio nacional.
En este sentido de 2015 a febrero de 2019 la Ciudad de México registró 921 casos; el Estado de México, 855 casos; Jalisco, 820; Guanajuato, 746; Coahuila, 597; Veracruz, 512; Puebla, 452; San Luis Potosí, 406; Nuevo León, 278 y Quintana Roo con 260 casos. A estos estados se le suman otros tres donde se rebasaron los 200 casos en el periodo citado, siendo Querétaro con 260; Tamaulipas con 237 y Oaxaca con 236.
Estas cifras solo datan de denuncias presentadas formalmente por lo que hay que considerar un alto subregistro y el INEGI documenta una cifra negra que rebasa el 90 por ciento.
