En México la aplicación de la Ley en los procesos que se siguen contra exfuncionarios públicos que incurrieron en presuntas responsabilidades, debe tener como sustento la justicia y no los revanchismos políticos, apuntó el diputado Antonio Soto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
El legislador señaló que el combate a la corrupción es no sólo un deber legal sino moral de toda autoridad, el cual debe darse sin ambages, medias tintas o simulaciones, teniendo como principio la justicia y no la vendetta política.
Recalcó que la acción de las instituciones del Estado Mexicano, no puede estar sujeta o impulsada por ajustes de cuentas personales o de grupo, ya que esto deriva en la perversión del ejercicio público, generando a la larga desconfianza de la población sobre el proceder gubernamental.
“No es nuevo ver como adversarios políticos de una administración en turno enfrentan procesos legales, los que sin duda son legítimos y válidos si parten de hechos reales, concretos, y no de revanchismos coyunturales”.
Por ello el legislador consideró que la aplicación de la norma no puede ser temporal, a voluntad, o sujeta a criterio particular de los funcionarios en turno, ya que esto viene a deteriorar el andamiaje institucional del Estado Mexicano.
Subrayó que una autoridad que emite a la población señales contradictorias, confusas y arbitrarias en su toma de decisiones, tiende a extraviarse y diluir el respaldo social con el que pudo contar para legitimarse.
Es así que Antonio Soto recalcó que México no está para experimentos, ni para determinaciones que tiendan a polarizar la de por sí tensionada realidad social y política.
“No se percibe claridad en la toma de muchas determinaciones, como el aplicar la ley para unos y para otros no; mandar a prisión a quienes han realizan las mismas acciones que otros que cuentan con pleno respaldo de la autoridad; el Estado de Derecho no se debe aplicar de manera selectiva”.
