Habíamos cuestionado con severidad la política medio ambiental de los gobiernos panistas y priistas recientes. En particular Peña Nieto se ganó las adjetivaciones mayores. Desde presidente incongruente que firma tratados internacionales para el cuidado medio ambiental y la reversión del cambio climático hasta el de usar ese discurso en los foros internacionales para apuntalar su gastado prestigio mundial. Se le cuestionó, y con razón, que los recursos asignados al medio ambiente durante su sexenio fueron reduciéndose y con ello dejando en la vulnerabilidad nuestros bosques, selvas, aguas, especies, y desde luego, el derecho de los mexicanos a un medio ambiente sano establecido en el artículo cuarto de nuestra constitución.
Las crónicas de pesadilla ambiental que se pudieron contar durante ese sexenio de omisiones ofendieron y escandalizaron a la sociedad mexicana. La sociedad informada en este tema llegó a creer, por buena voluntad, que no se podría caer más al fondo. Algo tan delicado como el macro ecosistema en el que vivimos los mexicanos no podía continuar en el olvido de los gobiernos más que a costa de la existencia humana misma y el colapso inminente de nuestro modo de vida.
El arrasamiento ilegal de bosques, de suelos para la minería, de contaminación de aguas por las industrias, de destrucción de manglares para desarrollos hoteleros y comerciales, llevándose entre los pies los derechos de los pueblos circundantes, fueron hechos denunciados a través de medios y redes sociales. En todos los casos la indignación pública reclamaba “basta ya” y exigió la aplicación puntual de la ley a las instituciones del Estado, pero también el incremento y uso eficiente de recursos presupuestales.
Creíamos que iba a ser diferente. Lo cierto es que el contenido financiero de las políticas ambientales de la cuarta transformación es pésimo, es peor que el contenido de las políticas peñistas. Los recortes presupuestales a programas ambientales de alto impacto hablan por sí solos del interés marginal que el nuevo gobierno le concede a este rubro. El desmantelamiento de la política ambiental vía los recortes es brutal. Y es insostenible que se justifique con el combate a la corrupción y el logro de la eficiencia. Una cosa es bañar al niño y otra tirar el agua sucia con todo y la criatura, y lo que está haciendo el gobierno federal es tirar el agua sucia con todo y el niño.
Por ejemplo, el recorte al sector forestal es de más del 80%, comparado con el presupuesto de 2016 y del 30% frente al del 2018. El programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, establecido en 1990, durante el salinismo, tuvo un presupuesto en 2018 de 3 725.60 millones, pero para 2019 será de 2 243.53 millones, el recorte es de 39.8 %. Los Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable, creado en 2004, durante un gobierno panista, que en 2018 se presupuestó con 2 176.67 millones, para 2019 se reducirá a 1,154.52, la tijera le quita 47 %. El programa de Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable, creado en 2014, tuvo en 2018, 55.30 millones, en 2019 bajará a 39.99, el recorte es de 27.7 %.
Programas como los de Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre se recorta en un 29.1 %; Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre se reduce 29.1 %; Investigación Científica y Tecnológica cae 15.7 %; lo aportado para la Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde, la tijera alcanza el 26.6 %, y eso que México es firmante de los acuerdos de Paris sobre el cambio climático y nuestra legislación obliga a este compromiso.
Y Otros, como el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, creado en 2009, que en 2018 tuvo una asignación de 2 086.61 millones, en 2019 simplemente desaparece. O el Programa de Empleo Temporal que implicaba la coordinación de Sedesol, Semarnat y SCT, que en 2018 ejerció 2 194.08 millones, en 2019 también queda borrado.
Aún es más preocupante que los actos del propio ejecutivo en materia de respeto al Estado de Derecho manden el peor de los mensajes a la ciudadanía: arrasar más de 230 hectáreas de cubierta vegetal en Dos Bocas Tabasco para destinarlas a una refinería, sin contar con ningún estudio de impacto ambiental y un plan de mitigación como lo marca la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, o bien que haga lo mismo con el proyecto del Tren Maya, en donde prefiere una ceremonia religiosa antes que seguir la vía republicana y liberal que dictan nuestras leyes y atender el diálogo con los pueblos indígenas.
El panorama sexenal que comienza a tomar forma en materia ambiental es francamente decepcionante. Ni panistas ni priistas lo hicieron peor. El abandono presupuestal en que dejan las tareas ambientales tendrá consecuencias ingratas para nuestros bosques, aguas, especies y desde luego el derecho a un medio ambiente sano, será letra muerta en la constitución. Nos debe quedar claro que no entienden la importancia del problema y creen que aún queda tiempo para hacerlo al paso de los años. También este gobierno se ha creído el relato del “progreso capitalista” -tan cuestionado por muchos militantes de izquierda seguidores del partido gobernante-, de que la vida natural es infinita y que está ahí solamente como medio para la creación-acumulación de riquezas y el disfrute de sus mercancías. Ojala reconsideren, porque cuando a un gobierno no le importa el medio ambiente es porque tampoco le importa la vida de sus ciudadanos.
El cuidado ambiental no se logra convocando aluxes, duendes o espíritus de los bosques, se logra con políticas precisas, transparentes, bien respaldadas financieramente, nunca mandando al diablo los compromisos ambientales fijados en la constitución.
