Un juez de control ordenó este martes la prisión preventiva justificada a Rosario Robles Berlanga, tras vincularla a proceso por dos delitos de ejercicio indebido del servicio público, cometidos supuestamente cuando era titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

La prisión preventiva deberá ejecutarse en el penal de Santa Martha Acatitla, durante los dos meses que durará la investigación complementaria.

Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de control del Reclusorio Preventivo Sur, tomó la medida y desestimó el hecho de que Robles haya aclamado seguir su proceso en libertad.

La exfuncionaria, al borde del llanto, pidió al magistrado que tomara en cuenta su disposición de comparecer a la audiencia de vinculación del proceso que se celebró el jueves y el lunes.

Anteriormente, el Ministerio Público argumentó ante el juez que sí existía riesgo de que Robles se diera a la fuga, entre otras cosas, porque la exfuncionaria podría alcanzar una pena de hasta 23 años de prisión y reparación del daño hasta por 5 mil millones de pesos, monto del quebranto que se le atribuye.

“Eso no solo compromete su patrimonio personal, sino el de su tercera, cuarta, y hasta quinta generación. No hay posibilidad de que los pueda pagar”, puntualizó.

Según Rosario Robles, le dijo al presidente Peña Nietode estas irregularidades por diferentes vías y en distintos momentos: en giras de trabajo y en reuniones de gabinete. 

La defensa también argumentó que José Antonio Meade supo de las irregularidades que la ASF detectó en Sedesol, cuando se firmó el acta de entrega recepción de esa secretaría y el excandidato presidencial sucedió a Robles. 

Tras 10 horas de audiencia, la defensa de Robles expuso que las acusaciones de la Fiscalía General de la República sobre la omisión de informarle a su superior jerárquico, en este caso al expresidente Peña Nieto, no tienen sustento debido a que sí se le comunicó y con ello se demuestra la “voluntad” de la funcionaria en atender las irregularidades señaladas por la ASF. 

Afirmó que dicha omisión provocó un daño al erario federal por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos derivados de los desvíos supuestamente “permitidos” por Robles.

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