Desafío al Estado

La opinión de Julio Santoyo ✍🏻

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No se equivocó quien en el siglo XIX utilizó la palabra “fiebre” para designar la ambición enfermiza de quienes en el oeste estadounidense buscaban oro en tropel a pesar de la improbabilidad de encontrarlo. Y ha ocurrido así en diversos momentos de la historia de la humanidad. Hubo una fiebre del caucho, también la hubo del henequén, del algodón, de las maderas preciosas, de las pieles, y también la hubo del mercado de esclavos. La codicia de acumular el máximo de riqueza monetaria en el mínimo de tiempo sin importar los medios y las consecuencias sociales y ecológicas ha sido su rasgo distintivo.

La “fiebre aguacatera”, estimulada por el constante crecimiento de la demanda en los mercados internacionales y nacional, es la enfermedad que tiene en vilo la prudencia mental de algunos agro capitalistas locales y arrasa en su realización miles de hectáreas de bosques y está contribuyendo a la tragedia ambiental que desde hace años se viene acumulando en la entidad. De acuerdo a recientes datos de la Conafor, en 20 años Michoacán ha perdido 1.2 millones de hectáreas de sus bosques, es decir, una tragedia por donde quiera que se le busque mirar.

Así como la irracional y debocada fiebre del caucho, el carbón, o el henequén, o el algodón, propiciaron la devastación y extinción de vitales áreas naturales del planeta y ocasionaron severos conflictos sociales y revueltas que si bien modificaron el trayecto político de las naciones, en el plano medio ambiental el daño fue irreparable y las consecuencias negativas las seguimos viviendo globalmente. La “fiebre del aguacate”, presentada idílicamente al mundo como una actividad frutícola inocua y productiva,  esconde su rostro monstruoso: la muerte de los bosques y las aguas cuando se instalan fuera de los umbrales de la sostenibilidad y al margen de las regulaciones legales; oculta la afectación a millones de pobladores que tarde o temprano terminarán expresandolo como conflicto social y político.

Fotografía 📸: Especial.

La protección del medio ambiente es un asunto del Estado. Y no podría ser de otra manera porque la vida humana depende de él. El daño que se le ocasiona al medio ambiente significa un atentado a la vida de las personas. Desafortunadamente las regulaciones que la legislación mexicana ha hecho aprobar para que las instituciones ejerzan la protección es aún insuficiente y no alcanzan para frenar en el acto las depredaciones que los enfermos de codicia realizan para convertir en dinero la destrucción de nuestra biosfera.

No obstante, los preceptos jurídicos que el Estado Mexicano ha adoptado son más que claros en la obligación que este tiene para proteger al medio ambiente y para sancionar a quienes lo destruyen. De tal suerte que todos sabemos que cortar un árbol sin permiso es un delito, que hacer cambio de uso de suelo también lo es, que contaminar está sancionado, lo mismo que destruir ecosistemas, y un largo etcétera. Pero cuando vemos actuar al poder del dinero quemando, deforestando y cambiando el uso de suelo en decenas o centenas de hectáreas a pesar de los operativos del Estado para frenar tales ilegalidades, lo único que podemos expresar con claridad es que están desafiando al Estado.

La voracidad de algunos huerteros, fundamentalmente aguacateros, que están viviendo con intensidad su enfermiza fiebre de codicia, los ha llevado a desafiar diariamente al Estado y a la sociedad, y sin descanso incendian y deforestan para luego intentar doblegar a las instituciones con el argumento de que los mueve la productividad y el progreso. Y para detener los operativos que por ley debe hacer el gobierno para desinstalar las huertas ilegales, han recurrido al vil engaño y aparentemente rendidos han ofrecido firmar acuerdos para resarcir daños ambientales y no hacer cambios de uso de suelo. En días pasados huerteros de Villa Madero, Acuitzio y Tzitzio estamparon su firma con ese propósito pero sólo les importó un punto: detener los operativos. Pero el cambio de uso de suelo, la quema y la tala continuo con el mismo vigor de siempre. Para ello es suficiente la fotografía que ilustra este texto y que da testimonio del cambio de uso de suelo en un predio de uno de los principales signatarios del acuerdo del 8 de mayo, predio localizado justo a un lado de otro extenso predio en San Pedro, del municipio de Madero, que fue intervenido hace apenas 3 semanas.

La devastación debe parar, el desafío al Estado debe ser contestado, las instituciones del gobierno tienen que reforzar sus actuaciones legales contra los delitos ambientales. Es vital que en todas las huertas ilegales se proceda a la clausura y cierre físico de las gigantescas ollas y se obligue, con seguimiento público, a la reforestación de las hectáreas quemadas y taladas, es preciso que se publiquen los predios y los propietarios que han sido sancionados y que tienen la obligación de cerrar ollas y reforestar.

La sociedad michoacana no puede aceptar el desafío y reto que hacen quienes están destruyendo el medio ambiente que sustenta la vida de todos nosotros. Es obligación del gobierno actuar y hacerlo con rigor. El desafío debe ser vencido.