Los padrinos del ecocidio

La opinión de Julio Santoyo ✍🏻

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El negocio del aguacate mueve miles de millones de pesos en Michoacán. No es extraño que la protección al aguacate ilegal, que representa la friolera de 75 mil hectáreas, la mitad del total, mueva miles para pagar embajadores y cabilderos en los espacios donde se toman decisiones que buscan frenar la tala y el cambio climático. El dinero del aguacate ilegal llega con toda seguridad a las campañas políticas, a diputados y a senadores, y desde ahí se han atrincherado los ecocidas de Michoacán para desatar una campaña furibunda contra las leyes federales y estatales que sancionan la tala, el cambio de uso de suelo y la devastación de los ecosistemas.

Le quieren arrebatar a los michoacanos una de las pocas leyes que contienen reales manos y dientes para detener el avance destructor de los malos aguacateros y de aquellos que destruyen el patrimonio ambiental de todos. Pretenden que las leyes forestales y ambientales queden reducidas a enunciados poéticos y que a la hora de las denuncias estás se sigan perdiendo, como antes ocurría, en una maraña burocrática que llevaba a  la inacción y a otorgar impunidad para los asesinos del medio ambiente.

La expansión de huertas a costa de terrenos forestales y de las aguas de rancherías y poblaciones y de la vida de los ecosistemas de los cuales depende la vida de todos, está topando con la resistencia ciudadana la cual comienza a contenerlos y a exigirles que reviertan los daños. La exigencia ante las autoridades gubernamentales ha dado como resultado una mayor intervención en diversas regiones y huertas ilegales y esto ha enojado a los hedonistas del aguacate quienes han llegado con sus aliados en el Senado de la República y la Cámara Federal de Diputados para promover una alianza de intereses. A nadie ha extrañado que el Senador Ascensión Orihuela del PRI haya hecho suya esta causa ecocida y que el Diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela haya secundado la misma en la Cámara de Diputados.

El exhorto que algunos senadores priistas hacen al gobierno de Michoacán, y que aplaude otro en la cámara de diputados, para que cesen los operativos contra las huertas ilegales que anualmente arrasan 8 mil hectáreas de bosques, exhibe con prístina didáctica el padrinazgo de ciertas élites políticas sobre los malos aguacateros que durante años han destruido el patrimonio ambiental de los michoacanos.

La atropellada e interesada escenificación de los Orihuela pone al descubierto la punta de un iceberg, que deberá ser indagado y expuesto a la luz pública: la participación de poderosos y adinerados políticos en el negocio del aguacate ilegal. Las denuncias de ciudadanos de las regiones en donde se continua deforestando para plantar “oro verde” son recurrentes en un tema, o la propiedad es de un connotado político o el dueño goza de la protección de algún círculo del poder desde el gobierno. De hecho, circula la información de que la airada reacción de los Orihuela se habría producido luego de que un operativo contra huertas ilegales tocara una propiedad vinculada con sus intereses.

La preservación del medio ambiente es un asunto de Estado. Ningún particular puede estar por arriba del bien superior que es el derecho humano  a la vida y hacer, en su caso, con las propiedades forestales lo que les venga en gana. Hay límites que impone claramente la Constitución y que de ser rebasados deben ser sancionados. Que algunos senadores y diputados hagan causa común con los ecocidas y que desde los recintos legislativos los apadrinen con exhortos a la impunidad ecológica merecen, con toda justificación, que les abran juicio político.

Los enemigos de los bosques y de nuestras aguas deben ser frenados. Los ciudadanos electores deben ser cuidadosos en quienes eligen. Deben cuidarse muy bien de no elegir a su verdugo ecocida y darle poder y fuero para destruir las plataformas de vida que los michoacanos nos hemos empeñado en preservar. La consigna es exigirle al gobierno para que no se permita ni un metro más de huertas aguacateras ilegales, que sean cerradas inmediatamente las monstruosas ollas ilegales que se roban el agua de los pueblos, y que esto se siga haciendo con operativos de intervención inmediata conforme lo establece la ley. Es decir, en respuesta al exhorto, ninguna concesión a los ecocidas ni a sus padrinos.